Bolivia - Alertas
La ANP registró varias agresiones contra camarógrafos y periodistas mientras realizaban cobertura periodística del conflicto policial.
Radio Vanguardia, propiedad de los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, padeció tres explosiones en una noche; “Cuando estábamos en el estudio alguien arrojó dinamita con mecha encendida hacia el techo y hacia las paredes de la parte posterior del edificio de la radio," dijo un periodista.
El técnico de la unidad móvil de la teledifusora local Red Uno, Abraham Pareja, resultó con dos costillas fracturadas por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, en medio de una acción policial destinada a dispersar la protesta de médicos en la autopista que une las ciudades de La Paz y El Alto.
El ex ministro amenazó con una demanda por "difamación y calumnia" al columnista y humorista Alfonso Prudencio Claure, por cuestionar el uso de recursos estatales en obras sociales.
El juez sentenció a dos años y seis meses de cárcel a Rogelio Peláez por los delitos ordinarios de "difamación, calumnia y propalación de ofensas" porque empleó metáforas en sus crónicas para denunciar a un abogado por el supuesto cobro de honorarios excesivos.
El IPI está consternado por el hecho de que el Presidente considere a los medios como su oposición y, por lo tanto, en lugar de condenar las agresiones contra la prensa crítica, parece dejar en manos de sus seguidores las “reacciones contra la mentira”, lo que en ocasiones se ha traducido en violencia.
El periodista Mauricio Noya dijo que el fiscal pretendía que den a conocer la identidad de los pobladores que denunciaron la producción de droga en el valle del Sajta.
Evo Morales invitó a representantes de las organizaciones periodísticas a Palacio de Gobierno, en un acercamiento que rompió la secuencia de constantes ataques verbales al trabajo de medios y periodistas, a quienes considera como principales opositores a su gestión gubernamental.
El hecho “es más condenable aún porque refleja una tendencia al uso de la fuerza legal, de manera prepotente, para acallar a un medio que ejerce su pleno derecho a informar y a opinar, como cualquier ciudadano en el país”, dijo la ANP.
En medio de un enfrentamiento con la policía, los marchistas lanzaron piedras y objetos contundentes y dejaron a cuatro periodistas heridos.
"Esta actitud es una forma de impedir que ocurran las cosas de cara a la opinión pública, porque no se puede hacer una cobertura total”, declaró periodista Pablo Cuiza.
El camarógrafo Jorge Córdova y el radialista Fanor Villarroel denunciaron que efectivos de la policía les arrebataron sus herramientas de trabajo durante disturbios en Yapacaní.
La nueva ley incorporará controles a medios a través de organizaciones sociales partidarias del gobierno, sanciones y regulación de la publicidad oficial.
El presidente de la ANP lamentó el tono sensacionalista y de escándalo que intenta imprimir el ex ministro de la Presidencia en sus declaraciones.
El periodista Milton Montero Rivero presentó el miércoles 4 de enero de 2012 una querella por discriminación y racismo contra el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Según Leopoldo Ibarra, la acción responde a una vendetta por las denuncias realizadas contra organizaciones de comerciantes.
El periodista Roger González es acusado de instigación pública a delinquir y apología del delito durante incidentes violentos de grupos radicales contra campesinos, el 24 de mayo de 2008, en la ciudad de Sucre.
Un grupo de pobladores de la localidad de Choré desmantelaron y destruyeron los equipos de la radio comunitaria de Yapacaní y del Canal 8 de televisión.
La Fiscalía General pidió a varios medios de comunicación que identifiquen a sus periodistas que cubrieron la violenta represión a indígenas, registrada el 25 de septiembre, en la población de Yucumo.
La periodista Mónica Oblitas ha sufrido una sistemática campaña de amenazas tras denunciar por corrupción a una médico forense.
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