(RSF/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de RSF, con fecha del 11 de diciembre de 2002: Cuando se celebra una nueva audiencia, Reporteros Sin Fronteras, la Red Damoclès, el Instituto Prensa y Sociedad y la Fundacion para la Libertad de Prensa piden al Fiscal General que abra una nueva investigacion Cuando […]
(RSF/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de RSF, con fecha del 11 de diciembre de 2002:
Cuando se celebra una nueva audiencia, Reporteros Sin Fronteras, la Red Damoclès, el Instituto Prensa y Sociedad y la Fundacion para la Libertad de Prensa piden al Fiscal General que abra una nueva investigacion
Cuando se celebra, en estos días 11 y 12 de diciembre, una nueva audiencia del proceso de los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzon, Reporteros Sin Fronteras, la Red Damoclès, brazo judicial de Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organizacion latinoamericana de defensa de la libertad de prensa con sede en Lima (Perú), y la Fundacion para la Libertad de prensa (FLIP), organizacion colombiana de defensa de la libertad de prensa, han dirigido una carta al Fiscal General de la Nacion para pedir la apertura de una nueva investigacion sobre el asesinato del periodista. Las cuatro organizaciones justifican su peticion en el hecho de que «los investigadores no exploraron debidamente algunas pistas que podrían explicar el asesinato de Jaime Garzon».
Han pedido que la nueva investigacion se ponga en manos de otro fiscal, «habida cuenta de las dudas que hoy pesan sobre la seriedad del trabajo realizado por el primero».
En una segunda carta, dirigida al presidente del Tribunal Superior del Districto Judicial de Bogotá, instancia superior al juez Julio Roberto Ballén Silva, que es quien actualmente preside las audiencias, las cuatro organizaciones apelan la decision de éste de no decretar la nulidad del proceso. «La postura del juez es absurda: por una parte reconoce que la investigacion es incompleta, y debe volverse a abrir; por otra, no toma esa decision, cuando es él quien tiene poder para hacerlo», denuncian las organizaciones que han pedido al presidente del Tribunal Superior del Districto Judicial de Bogotá que dicte la nulidad del proceso, y la apertura de una nueva investigacion.
Por otra parte, Reporteros Sin fronteras y la Red Damoclès informan que el 9 de diciembre, el juez Julio Roberto Ballén Silva acepto que se constituyeran en parte civil en el caso.
No se han explorado todas las pistas
En la audiencia del 8 de noviembre de 2002, el juez Ballén Silva establecio que la Fiscalía no había investigado debidamente sobre algunas pistas susceptibles de explicar el asesinato del periodista y
humorista. Sobre esta base, pidio al Fiscal General de la Nacion que se abriera una nueva investigacion sobre el homicidio. De esta forma, el juez daba la razon a la defensa de los acusados y a la familia de la víctima, que desde hace varios meses viene denunciando las lagunas que existen en la investigacion.
Sin embargo, el magistrado no ha adoptado la decision de anular el proceso y ordenar la apertura de una nueva investigacion, a pesar de que tiene poder para hacerlo, y de que lo reclama el conjunto de
abogados que toman parte en el proceso y que ha apelado la decision del juez, ante el Tribunal Superior del Districto Judicial de Bogotá, instancia superior al juez Ballén Silva.
Varias informaciones publicadas en la prensa colombiana hacen mencion de algunos testimonios que implicaban a militares, y que fueron descartados por los investigadores. Según esas informaciones, algunos sectores del Ejército se habrían puesto de acuerdo con Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), para eliminar a Jaime Garzon, cuyo asesinato habría sido ejecutado por La Terraza, una banda de asesinos a sueldo, que asola Medellín.
Una investigacion independiente, efectuada por Reporteros Sin Fronteras y la Red Damoclès, publicada el 24 de octubre de 2002, demuestra que, al parecer, los investigadores fueron víctimas de una manipulacion por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia que depende de la autoridad del presidente de la República. La investigacion independiente revela que serían falsos cuatro de los testimonios de cargo, proporcionados por el DAS a los investigadores.
Entre esos testigos, la más importante, María Amparo Arroyave Mantilla, desaparecio después de que los acusados y el abogado de la familia denunciaran las contradicciones de su testimonio; otro,
Wilson Llano Caballero, informador del DAS, se encuentra actualmente detenido por «extorsion»; un tercero, Wilson Raúl Ramírez Muñoz, se ha desdicho de sus declaraciones afirmando que tanto él como Maribel Pérez Jiménez, el cuarto testigo de cargo, recibieron presiones para que prestaran falso testimonio.
Recordatorio de las principales etapas del procedimiento
La investigacion sobre el asesinato del periodista Jaime Garzon -ocurrido el 13 de agosto de 1999- se cerro el 2 de enero de 2002. El fiscal encargado del caso, Eduardo Meza, establecio que se trataba de un asesinato encargado por Carlos Castaño. Siempre según sus conclusiones, Juan Pablo Ortiz Agudelo sería el autor de los disparos y Edilberto Antonio Sierra Ayala el conductor de la moto. Ambos fueron detenidos en enero de 2000 y septiembre de 2001, respectivamente. En junio de 2000 se dicto una orden de detencion contra Carlos Castaño.
El movil del asesinato sería la participacion de Jaime Garzon en algunas negociaciones destinadas a conseguir la liberacion de personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). El jefe de los paramilitares acusaba al periodista de haber hecho el juego a la guerrilla, y también de haber cobrado dinero a cambio de sus servicios.
Tras el cierre de la investigacion, el caso se puso en manos del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que se declaro incompetente el pasado 16 de septiembre, alegando que el
asesinato del periodista no constituía ni un acto de terrorismo, ni un acto motivado por la calidad de periodista de la víctima. El caso se transfirio entonces a un tribunal ordinario que, considerando que
se trataba claramente de un acto de terrorismo, posteriormente también se declaro incompetente. El 23 de octubre, la Corte Suprema decidio que el caso debía ponerse en manos de una sala especial.
Los pasados días 8 y 20 de noviembre se celebraron dos audiencias, ante la Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, bajo la autoridad del juez Julio Roberto Ballén Silva.