Un reportero y un fotógrafo fueron agredidos por policías mientras recogían información sobre un incendio de una guardería.
(CEPET/IFEX) – Omar Brito Báez y David Rojas, reportero y fotógrafo, respectivamente, del diario «El Economista» fueron agredidos por policías municipales y estatales mientras recogían información sobre un incendio de una guardería que el 5 de junio de 2009 cobró la vida de 47 niños en Hermosillo, Sonora, al norte de México.
Enviados a la localidad para dar seguimiento a la tragedia que conmocionó a la opinión pública, el 19 de junio, los periodistas llegaron al lugar donde se encontraba la guardería ABC y solicitaron permiso a los encargados de una llantera ubicada al lado del inmueble siniestrado, para tomar fotografías desde la azotea de dicho negocio, relató Brito Báez.
Alrededor de las 3:30 p.m. (hora local), al percatarse de que Rojas se encontraba en lo alto del inmueble, cuatro policías se lanzaron contra él mientras lo agredían de manera verbal. Finalmente, el comunicador fue sometido por los agentes, quienes intentaron quitarle la memoria de la cámara fotográfica mientras argumentaban que estaba violando el cerco de seguridad.
Como el reportero gráfico se negó a entregar la memoria, los uniformados le aplicaron castigo al brazo para lastimarlo y obligarlo a entregarles su equipo; sin embargo, el fotógrafo resistió y logró entregar la cámara al reportero. Los policías se fueron entonces contra Brito Báez, a quien lastimaron también de la mano para que les entregara el dispositivo. Tras no lograr su objetivo, los uniformados amenazaron a los comunicadores con llevarlos ante el Ministerio Público. «Cuando lleguemos ahí, van a ver», les advirtieron.
Mientras esto sucedía, al lugar llegaban más patrullas con elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, que llegaron a sumar 15.
«Nos identificamos como periodistas. Nunca violamos el cerco de seguridad y el edificio en donde mi compañero tomó las fotos era propiedad privada; no había ninguna razón para que nos llevaran. Nos detuvieron como media hora», comentó el reportero.
Los periodistas se comunicaron vía telefónica a la Ciudad de México con el editor de la sección política de «El Economista», Ricardo Barraza Gómez, quien explicó al jefe de los agentes el trabajo periodístico que estaban realizando en el lugar. Según Brito Báez, los liberaron pero no los dejaron continuar con su labor.
Barraza Gómez comentó que directivos de «El Economista» se comunicaron con Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de justicia del estado, quien reconoció que él había dado la instrucción a los cuerpos policíacos, por lo que asumía la responsabilidad de los hechos. «Es una arbitrariedad, una forma de inhibir la información», comentó Barraza Gómez.
En respuesta a la agresión policíaca, los comunicadores interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.