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Funcionarios públicos detrás de delitos contra periodistas

México es el país más mortal de las Américas para los periodistas que tratan de hacer su trabajo. Se percibe que detrás de los ataques contra la prensa con frecuencia está el crimen organizado, pero un nuevo informe de ARTICLE 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) señala a los funcionarios públicos como los perpetradores principales. Existe un movimiento para enfrentar esta cultura de la impunidad en el que redactores de periódicos y periodistas unen fuerzas para instar al Gobierno a actuar, informa la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

ARTICLE 19 y CENCOS registraron 244 casos de ataques e intimidación contra periodistas y trabajadores de los medios en 2009. Dentro de esos ataques 11 periodistas fueron asesinados y uno más desapareció. Más de 65 por ciento de los ataques contra la libertad de prensa vinieron de autoridades políticas o personas vinculadas con partidos políticos, en comparación con seis por ciento de grupos de delincuentes; se menciona al ejército mexicano en 26 abusos.

El informe examina la falta de voluntad política para enfrentar la situación, además de la grave corrupción. Los gobiernos de todos los niveles y los servicios de seguridad no están protegiendo a los trabajadores de los medios, lo que lleva a una cultura de la impunidad, lo que permite que se perpetren ataques contra la prensa para eliminar informes indeseados o voces disidentes.

En una declaración separada, ARTICLE 19 hizo un llamado a Gustavo Salas Chávez, el recientemente nombrado Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, para que fuera independiente, imparcial y protegiera los derechos de las víctimas y evitara los nuevos tratos injustos. En general se veía al fiscal anterior como ineficaz en el control de ataques contra la prensa y afirmó que los asesinatos de periodistas no estaban relacionados con su trabajo. Además, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada en 2006, no ha tenido la voluntad política para investigar los delitos y llevar a los perpetradores ante la justicia.

Además, el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) registró 183 agresiones contra periodistas y 19 ataques contra los medios en 2009, un incremento de 10 por ciento respecto al año anterior. Según el informe anual del CEPET, los ataques incluyen amenazas, intimidación o detención arbitraria, lesiones y desapariciones. El CEPET registra los asesinatos de 13 periodistas, aunque no todos estuvieron vinculados a su trabajo. La investigación del CEPET está de acuerdo en que la mayor parte de los ataques están relacionados con el Estado y la mayor parte ocurren con impunidad.

Un foro celebrado el mes pasado por la SIP en Durango, México, reunió a redactores y editores de periódicos de los estados mexicanos de Durango, Coahuila, Sinaloa y Sonora, para analizar la autocensura que es práctica rutinaria a consecuencia de las violentas represalias del crimen organizado. Pidió a las autoridades federales y estatales hacer de los delitos contra periodistas un delito federal y la creación de un frente unido entre la policía, las procuradorías y el ejército, para dar a los periodistas un acceso a la información sobre actos de violencia oportuno y transparente.

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