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Alerta

Periodista denuncia que cierre de programa de televisión obedece a presiones del gobierno

(SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 26 de agosto de 2008:

La SIP expresa inquietud por denuncia de periodista nicaragüense

Miami (26 de agosto de 2008) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su inquietud por las denuncias públicas hechas por un periodista de la televisión nicaragüense que aduce ser víctima de persecución de parte del presidente Daniel Ortega debido a su posición crítica contra el gobierno.

Jaime Arellano denunció en los medios de comunicación nicaragüenses que el cierre del 22 de agosto de su programa de opinión "El 2 en la Nación", transmitido por Televicentro Canal 2, obedece a las presiones que recibieron los propietarios del canal, cuya licencia operativa está en proceso de renovación. El periodista dijo también que recibió amenazas contra su vida y que someterá los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo que si bien la institución es respetuosa de los criterios editoriales de los medios para cambiar su programación, "no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación porque es cierto también que el gobierno nicaragüense ha asumido constantemente conductas coercitivas contra el libre ejercicio periodístico".

Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, añadió que la SIP ha venido señalando un sinnúmero de medidas de hostigamiento contra la libertad de prensa en Nicaragua, "no para hacer una defensa corporativa de los medios, sino para que se garantice el derecho humano a la información de todos los nicaragüenses".

La denuncia de Arellano abrió nuevamente el debate en torno a las licencias para radio y televisión. Varios legisladores de la oposición coincidieron en remarcar la dilación de la Asamblea Nacional para aprobar una ley que ampliaría por 10 años las licencias de transmisión, alegando que esa medida evitaría que el gobierno utilice la renovación de los permisos como arma de intimidación.