(PFC/IFEX) – La tarde del 14 de abril de 2003 fueron detenidos cuatro periodistas de «La Prensa» por haber traspasado, según las autoridades, el perímetro de seguridad de la casa de playa asignada a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, en Punta Mala, provincia de Los Santos. Los periodistas detenidos alegaron que estaban en […]
(PFC/IFEX) – La tarde del 14 de abril de 2003 fueron detenidos cuatro periodistas de «La Prensa» por haber traspasado, según las autoridades, el perímetro de seguridad de la casa de playa asignada a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, en Punta Mala, provincia de Los Santos. Los periodistas detenidos alegaron que estaban en la playa, en las afueras de la residencia gubernamental, y según un reportaje de «La Prensa», «agentes del Servicio de Proteccion Institucional (SPI), que ostentaban sus armas, les ordenaron que ingresaran al perímetro de la propiedad».
Los periodistas detenidos son Jean Marcel Chery, Alcibíades Cortés y Julio Aizprúa, este último jefe de Negocios de «La Prensa», y el fotografo Bernardino Freire, quienes fueron puestos luego a disposicion de la Policía Técnica Judicial (PTJ). A estos además se les decomiso todo el equipo y
materiales periodístico que cargaban, así como el vehículo en que se transportaban.
El ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, tipifico como un delito la supuesta violacion al perímetro de seguridad de la residencia presidencial. El delito imputado fue el de «violacion a la personalidad jurídica del Estado», cuya calificacion requiere entre otras condiciones que los acusados hayan tomado las armas contra Panamá o hayan revelado secretos que afecten la seguridad del Estado. Por su parte, en declaraciones brindadas a RCM Television, la presidenta Moscoso manifesto que «tienen que seguirles un proceso, no importa que sean periodistas o no, ellos han violado una propiedad, ahora este caso está con la justicia y no conmigo».
Después de 26 horas de detencion, a través de una accion de hábeas corpus los periodistas fueron liberados. Los magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial estimaron que «no hay cargos ni tampoco fundamento legal para privar de libertad a estos ciudadanos».
La referida propiedad gubernamental desperto el interés periodístico por los elevados costos de la remodelacion, llevada a cabo durante la actual administracion presidencial, y de su mantenimiento, así como por la resistencia gubernamental a proporcionar informacion detallada al respecto.
Como contexto es importante señalar que en enero de 2002 la presidenta Moscoso sanciono la ley de transparencia, que busca garantizar el libre acceso a la informacion pública. Sin embargo esta ley luego fue coartada por medio de una reglamento del Órgano Ejecutivo que impuso más restricciones a la informacion y además, en la práctica, muchas peticiones de informacion arbitrariamente han sido desatendidas. El gobierno de Moscoso ha sido señalado por frecuentes y graves casos de corrupcion y por el encubrimiento sistemático con que se ha favorecido a los responsables, así como por su resistencia a derogar leyes antiprensa heredadas de los regímenes militares y sus intentos por aprobar otras que restringen la libertad de expresion. Al respecto, Eduardo Bertoni, relator especial para la Libertad de Expresion de la Comision Interamericana
de los Derechos Humanos (CIDH), manifesto esta semana que las acciones del gobierno han «generado un clima de temor para el pleno ejercicio de la libertad de expresion».
Además no hay otro país en América Latina con mayor proporcion de procesos judiciales contra periodistas; y la mayoría de las querellas por delitos contra el honor y desacato han sido iniciadas por funcionarios gubernamentales. En enero de 2003, en su informe anual sobre la situacion de los derechos humanos, Human Rights Watch señalo a Panamá como uno de los casos más notables en
la region donde la capacidad de la prensa para denunciar la corrupcion se ve limitada por la opresiva legislacion penal contra la difamacion.
En una carta dirigida a la presidenta Moscoso, PFC expreso su indignacion por «este nuevo exceso contra la prensa panameña por parte de las autoridades gubernamentales». «Proceder a la detencion
de periodistas por el hecho de rondar una propiedad pública, aún cuando se argumenten razones de seguridad, es una accion desproporcionada y agraviante» advirtio PFC en su carta, luego de llamar la atencion a la presidenta Moscoso en el sentido que «estas situaciones no ocurrieran si su gobierno no impusiera tantas restricciones a la informacion sobre el gasto público, especialmente en partidas superfluas como la de la residencia presidencial de playa».
Esta alerta, la carta enviada por PFC a la presidenta Moscoso, reportajes y otra informacion relacionada, se encuentran en:
http://portal-pfc.org/perseguidos/2003/047.html
Recommended Action
Remitir apelaciones a la presidente de la República:
– condenando la detencion de los cuatro periodistas de «La Prensa», acusados de traspasar el perímetro de seguridad de la residencia presidencial en Punta Mala
– pidiéndole liberar la informacion sobre las transacciones financieras de la remodelacion y el mantenimiento de la residencia presidencial de Punta Mala
Appeals To
Sra. Mireya Moscoso
Presidente de la República de Panamá
Fax: +507 227 0076
Correo-e: [email protected]
Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible.