(IPYS/IFEX) – La alcaldesa de la provincia de La Convención, Quillabamba, en Cusco, Fedia Castro Melgarejo de Gutiérrez, interpuso el 25 de mayo de 2004 una denuncia penal por el delito contra la paz pública, en su modalidad de apología, contra la periodista y corresponsal del diario «El Sol del Cusco», Yima Salízar Escobar. La […]
(IPYS/IFEX) – La alcaldesa de la provincia de La Convención, Quillabamba, en Cusco, Fedia Castro Melgarejo de Gutiérrez, interpuso el 25 de mayo de 2004 una denuncia penal por el delito contra la paz pública, en su modalidad de apología, contra la periodista y corresponsal del diario «El Sol del Cusco», Yima Salízar Escobar.
La querella fue interpuesta después de que la periodista, en su condición de corresponsal del diario «El Sol del Cusco», diera a conocer un informe público de la Defensoría del Pueblo que alertaba sobre los posibles lugares del país donde se podría desatar violencia por confrontación entre los alcaldes y la población.
El 19 de mayo, fecha en que se emitió el informe de la Defensoría, Salízar informó sobre el contenido de este documento. En su edición del 20 mayo, el diario publicó en titular de portada: «Linchando a su alcaldesa, según Defensoría del Pueblo, Quillabamba también podría explosionar».
Si bien se trata de un titular que podría ser considerado como sensacionalista y exagerado, de ninguna manera puede decirse que el diario, y menos Salízar, habría incurrido en el delito contra la paz pública en la modalidad de apología.
Salízar, en ejercicio pleno de su profesión y amparándose en su derecho a expresarse libremente, cumplió con informar de manera imparcial y objetiva. Ella nada tiene que ver con la decisión de los editores responsables de dicho diario de publicar ese titular que, si bien amarillista, no puede ser considerado como apología.
Además, la periodista ha sido denunciada por la alcaldesa, junto al representante de la Defensoría del Pueblo de La Convención, Quillabamba, Vladimir Araoz, ante la Corte Superior de Cusco, por los delitos de calumnia y difamación.
La demanda responde a las declaraciones hechas por Araoz en diversos medios de comunicación tras la publicación de un informe de la Defensoría del Pueblo de Lima que, a raíz de los sucesos de Ilave, Puno, advierte de los lugares en el país donde los alcaldes tienen problemas con la población. La periodista está sindicada como responsable de darle cobertura a estas declaraciones.