Sudamérica - Informes
El informe documenta cómo la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han permitido al gobierno de Chávez intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión.
Durante los 14 años de mandato de Chávez, su Gobierno ha concebido un sofisticado y agresivo modelo de control de los medios independientes.
En Venezuela, entre mayo de 2010 y diciembre del 2011 ocurrieron 200 casos de violaciones a la libertad de expresión en los que hubo 204 víctimas que padecieron agresiones físicas.
Durante el primer ciclo del EPU el Gobierno Peruano recibió un número de recomendaciones relacionadas a la libertad de expresión.
Fundamedios registró un total de 53 agresiones, una cifra que ubica al primer trimestre de este año como el más violento, comparado con los anteriores.
Si bien cada uno de esos hechos tuvo características particulares y diferentes grados de gravedad, todos ellos constituyen una amenaza para el libre ejercicio del periodismo y afectan la posibilidad de la búsqueda de la información, elemento central para la ciudadanía en democracia.
El informe de ANP es un diagnóstico urgente en defensa de las garantías para el trabajo periodístico. El olvido, la impunidad, la reincidencia y la retardación de justicia se convierten en los enemigos de las libertades de prensa y de expresión.
El informe revela que mientras el sector de los medios de comunicación en las metrópolis globalizadas parece cada vez más saludable, los periodistas que trabajan lejos de los centros del poder federal continúan siendo blancos los que temen las consecuencias del periodismo de investigación.
La alianza entre grupos armados ilegales, la minería ilegal, el micro tráfico y la corrupción política, son algunos de los temas que los periodistas locales reconocen que no están cubriendo por temor a las reacciones violentas.
De acuerdo al reporte, las agresiones alcanzan su clímax hacia el medio año de 2011, algo antes o algo después debido a situaciones específicas como las elecciones generales de Perú o el clímax de la millonaria demanda contra el diario "El Universo" en Ecuador.
Las bandas criminales o "bacrim" son descendientes de las escuadrones de muerte de los paramilitares de derecha que luchaban contra la guerrilla marxista y traficaban cocaína.
Según los registros consolidados, se evidenció que la mayoría de agresiones provinieron de funcionarios públicos con un total de 82 casos reportados, de estos el 18.59 % fueron originados por el Presidente de la República.
La despenalización se ha vuelto urgente en Perú, donde una alentadora reforma del código penal, adoptada en julio de 2011, aún no ha sido promulgada.
Fundamedios revela que desde esa fecha, se han producido 211 agresiones contra periodistas, lo cual constituye un 52% de todos los atentados a la libertad de prensa de los últimos cuatro años.
Una agresiva persecución legal e intimidación de los medios de prensa, liderada por el Presidente Rafael Correa, está debilitando garantías sobre libertad de expresión, revela el informe.
El informe hace un análisis de las normas que reglamentan al acceso a la información y estudia las prácticas de funcionarios públicos y periodistas alrededor de la información.
De visita en Chile en junio, con motivo de la celebración de los veinte años de la estación comunitaria Radio Tierra, RSF pudo constatar lo central del tema de la información en esta ebullición ciudadana.
Esta investigación intenta describir de la manera más aproximada la situación de los profesionales de los medios de comunicación frente al reto que representa la presencia del crimen organizado.
Uno de los casos que Fundamedios contabilizó es el de periodista Freddy Aponte, sentenciado a seis meses de prisión y acusado de injurias calumniosas en contra de un ex alcalde.
Según el informe, el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 quedaron impunes.
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