Estados Unidos - Alertas
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"La vigilancia generalizada no es una solución apropiada, tampoco lo son el bloqueo ni la censura de sitios que revelan información clasificada, pero de interés público," dice RSF.
La pena de muerte fue conmutada en pena de cadena perpetua por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
"Estamos alarmados por el tratamiento que recibió hoy la prensa que cubría el desalojo de Ocupa Wall Street por las fuerzas de seguridad de Nueva York", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ.
La juez federal Leonie Brinkema rechazó una solicitud del gobierno federal, requiriendo que James Risen declarara sobre algunos hechos; el gobierno apela actualmente ésta última decisión.
Para numerosos periodistas no ha sido posible cubrir los acontecimientos desde el inicio del movimiento.
Los Estados Unidos ocupa el primer lugar en la clasificación de países que exigen información sobre los usuarios, según Google, con 4.601 peticiones registradas entre julio y diciembre de 2010.
Dice el presidente de la SIP que lo que "nos preocupa profundamente, no es solo la determinación de que se haga un boicot contra un medio de comunicación, sino que lo imponga alguien que en el futuro pueda asumir la misma actitud desde un sillón en la Casa Blanca".
RSF considera que el texto que ha sido publicado en el diario oficial contiene iniciativas alentadoras, pero que presenta algunas carencias también.
Yusuf Bey IV y su cómplice, Antoine Mackey, fueron condenados a prisión perpetua por su participación en el asesinato del jefe de redacción del "Oakland Post".
Al final del proceso, abierto en 2007 por una queja presentada por la American Civil Liberties Union por "desacato a la Corte", el juez ordenó a la CIA pagar los honorarios de los abogados de la ACLU, pero se negó a condenarla.
RSF considera un ataque al derecho de informar y de ser informado una nueva ley que impide toda publicación de fotos, videos o grabaciones sonoras relativas a los casos de homicidio.
El periodista James Risen recibió una citación que le ordena comparecer en el juicio de un ex agente de la CIA y en caso de que se niegue, corre el riesgo de una pena de prisión por "desacato a la Corte".
La asociación Judicial Watch ha logrado tener acceso a documentos sobre la política de la administración Bush en lo que concierne al centro de detención de Guantánamo.
Un grupo de corresponsales que cubre los actos de gobierno presentó quejas sobre el control para acceder al gobernador y en el otorgamiento de información pública.
La información solicitada, desde el 1 de noviembre de 2009 a la fecha de emisión de la conminación, concierne a Julian Assange, fundador de Wikileaks.
Tal decisión resulta aún más incomprensible, ha notado RSF, teniendo en cuenta que la propia CIA reconoció haber destruido las 92 grabaciones en marzo de 2009.
RSF apoya plenamente la petición redactada por los defensores de Abu-Jamal, quien ha pasado ya la mitad de su vida en el corredor de la muerte.
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