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Recientes avances en leyes penales de difamación en África y México son contrarrestados por grave revés en Rusia

El Presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, firma la Declaración de Table Mountain el 30 de noviembre de 2011
El Presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, firma la Declaración de Table Mountain el 30 de noviembre de 2011

WAN-IFRA

Los miembros de IFEX han señalado algunos avances importantes en el campo de la difamación penal estas últimas semanas: El Presidente de Níger se convirtió en el primer jefe de estado en refrendar la Declaración de Table Mountain, que pide revocar las leyes de injuria y difamación penal en África, y el Senado mexicano aprobó por unanimidad despenalizar la difamación y la calumnia. Pero aunque Rusia enmendó recientemente sus leyes de difamación, los críticos dicen que no fue lo suficientemente lejos.

El presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, firmó la Declaración de Table Mountain en una ceremonia celebrada el 30 de noviembre en Niamey que atrajo a más de 1,000 asistentes de más de 25 países. Fue organizada por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Foro Mundial de Redactores, el Foro de Redactores Africanos, y la Maison de la presse en Níger.

La Declaración de Table Mountain, que fue adoptada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2007, identifica las leyes penales de difamación y de "injuria" entre los obstáculos más graves para asegurar el futuro de la prensa independiente en África, y pide su derogación, además de poner la libertad de prensa en un punto más alto en la orden del día de África.

Según la WAN-IFRA, la gran mayoría de las naciones africanas siguen encarcelando periodistas y cerrando empresas de medios por cargos de difamación o por injuriar a las autoridades o sus políticas. La práctica impide el discurso público legítimo y la escritura crítica y obliga a las personas a autocensurarse, lamenta la WAN-IFRA.

Cheriff Sy, presidente del Foro de Redactores de África, dijo a Issoufou que "más que el acto de firmar, su compromiso es ser un promotor entre sus pares de la abolición de las leyes de difamación penal y de injuria en África, y hacer de la libertad de prensa el foco de debate".

Issoufou ganó las elecciones de marzo de 2011 en la que ambos candidatos prometieron apoyar la libertad de expresión y revisar las leyes de medios en caso de ser elegidos. En un discurso transmitido el 16 de julio por radio y televisión, prometió otra vez su apoyo a favor de una prensa libre en África como un factor necesario para la Democracia.

Mientras tanto, en México, el 29 de noviembre, el Senado mexicano votó por unanimidad a favor de despenalizar la calumnia y la difamación, tal como están expresados en la Ley sobre Delitos de Imprenta, informan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ARTICLE 19. México es ahora uno de los pocos países en América Latina que ha despenalizado la difamación, dice la SIP; los otros países son El Salvador, Argentina y Uruguay.

Los senadores federales declararon que su acción "sienta nuevas bases para reforzar la libertad de expresión y de la prensa en México".

La decisión del Senado finalmente alinea los artículos sobre difamación y calumnia de la Ley sobre Delitos de Imprenta con los códigos penal y civil federales, lo que hace imposible que un periodista se enfrente a una pena de cárcel en el fuero federal por los denominados "delitos contra el honor". Las infracciones a las leyes se tratan ahora como delitos civiles sujetos a multas.

"Además será importante que las leyes mexicanas puedan establecer multas razonables y proporcionales para que no se vuelvan limitaciones para los medios noticiosos y periodistas", dijo la SIP.

La maniobra es parte de un notable cambio para dar más protección en el ámbito federal. Según el Centro Knight, el mes pasado la Suprema Corte de Justicia de México terminó un juicio de siete años en el que el periódico "La Jornada" acusó a una revista de dañar su reputación. La Corte indicó que la libertad de expresión tiene precedencia sobre el derecho a proteger el propio honor.

Y en septiembre de 2011, un diputado federal propuso castigar a cualquier persona que difame a un candidato o partido político con seis años de cárcel pero el proyecto fue retirado el mismo mes, informa el Centro Knight.

Pero la reforma no ofrece a los mexicanos protección completa contra casos penales de difamación. Quince de los 32 estados de México siguen teniendo leyes penales de difamación en sus códigos, y las leyes federales no tienen precedencia sobre las leyes estatales, explica ARTICLE 19. En estos estados mexicanos, la difamación y la calumnia siguen siendo punibles con penas de cárcel de hasta cuatro años. "Todavía tenemos que recorrer un largo camino", declaró ARTICLE 19.

Mientras tanto, las enmiendas a las leyes de difamación rusas que se hicieron el mes pasado, entre ellas la despenalización parcial de la difamación e injuria, "no mejorarán la situación de los periodistas y los medios en el país", afirma ARTICLE 19.

Aunque Rusia retiró algunas disposiciones de difamación e injuria del Código Penal, las injurias contra funcionarios públicos se siguen penalizando. Además, las reformas no tocan la responsabilidad civil por difamación, que todavía permite a los demandantes reclamar compensaciones excesivas, sostiene ARTICLE 19. Por ejemplo, el Banco de la Reserva Nacional está solicitando 11 millones de rublos (US$354,400) en daños y perjuicios del editor del periódico "Kommersant" por supuesta difamación en un artículo.

Aún peor, dice ARTICLE 19, el estado retuvo sus facultades para controlar lo que se dice al aprobar leyes administrativas de difamación e injuria que son vagas, estipulan multas que son casi tres veces más de lo que se esbozaba en el Código Penal y ponen una mayor responsabilidad por la difamación hecha en los medios.

Según ARTICLE 19, Rusia tiene una larga historia de abusar y hacer uso arbitrario de las disposiciones de difamación e injuria. Un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) de 2005 informa que se han interpuesto hasta 10,000 casos de difamación por año contra periodistas y empresas de medios de comunicación.

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