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Atacan a relator especial de libre expresión

El presidente ecuatoriano Rafael Correa (derecha) y el presidente venezolano Hugo Chávez han expresado abiertamente su desdén por la OEA y el relator especial de la libre expresión
El presidente ecuatoriano Rafael Correa (derecha) y el presidente venezolano Hugo Chávez han expresado abiertamente su desdén por la OEA y el relator especial de la libre expresión

Jorge Silva/REUTERS

En la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, Ecuador presentó propuestas que de hecho podrían debilitar gravemente o extinguir la Oficina del relator especial para la Libertad de Prensa de la OEA, lo cual sería "un paso hacia atrás para la libre expresión en la región", afirma el miembro de IFEX en Colombia Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). El grupo de América Latina y el Caribe de IFEX (IFEX-ALC), una alianza de 16 miembros de IFEX con sede en la región, protestó por la propuesta.

Según la FLIP, que colaboró con un artículo en la revista colombiana "Semana", un grupo de países miembros de la OEA creó en julio un grupo de trabajo para debatir el futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y específicamente el papel del relator de libre expresión, que actualmente ocupa la abogada colombiana Catalina Botero.

Las propuestas presentadas por Ecuador el 13 de diciembre - unos momentos antes de que expirara el mandato del grupo de trabajo - "debilitarían la oficina del relator y lo dejarían sin herramientas para cumplir su papel", dijo "Semana".

Las propuestas prohiben al relator publicar un informe anual separado sobre la libre expresión en los países de la OEA; ajustar la financiación para hacer que todos los presupuestos de los relatores sean comparables (lo que reduce la financiación para el relator de libre expresión, que tiene uno de los presupuestos más grandes); y pedir un código de conducta que limitaría las acciones del relator, incluyendo la capacidad de publicar declaraciones.

El Consejo Permanente de Embajadores examinará las recomendaciones en la OEA el 25 de enero, y no es claro cómo reaccionarán. Según "Semana", el embajador colombiano declaró que las recomendaciones "son menos drásticas que lo que se propuso originalmente" y los representantes de Brasil y Argentina, pesos completos en la región, han guardado silencio.

La oficina del relator se ha vuelto "la puerta a la que tocan los periodistas de América cuando su libertad está en riesgo", dijo "Semana".

El relator además ha sido esencial en la promoción de la despenalización de las leyes de difamación e injuria, y en atraer la atención a los métodos indirectos de censura, como la asignación arbitraria de publicidad gubernamental o el otorgamiento de licencias de difusión, dice IFEX-ALC.

IFEX-ALC escribió al Consejo Permanente, y lo instó a retirar las recomendaciones en la asamblea del 25 de enero. "En lugar de fortalecer el papel del relator, esos cambios disminuirán de verdad el impacto del mandato en la región", declaró IFEX-ALC. Lea la declaración aquí.

En diciembre, el presidente ecuatoriano Rafael Correa inició una campaña para desacreditar a la relatora después de la publicación de un informe que condena el uso de las leyes de difamación en Ecuador para silenciar las voces críticas, especialmente las injurias contra funcionarios, afirma Human Rights Watch. El propio Correa ha exigido cerca de US$90 millones en demandas contra tres periodistas críticos.

Haciendo referencia específicamente a la oficina del relator, Correa dijo "Necesitamos un nuevo sistema interamericano debido a que la OEA ha sido tomada por una visión norteamericana que la ha hecho ineficiente y poco confiable".

Otro importante participante en el grupo de trabajo de la OEA, Venezuela, ha sido además muy franco en su desdén hacia la OEA y la oficina del relator, que ha acusado repentinamente al Gobierno del presidente Hugo Chávez de amenazar la libertad de palabra.

Los numerosos enfrentamientos de Chávez con los medios, entre los que ha habido acusaciones contra Globovisión y otros canales privados de respaldar un breve golpe de estado en su contra en 2002, han atraído fuertes críticas del relator de crear una atmósfera de intimidación que efectivamente limita la libre expresión.

"Si por razones diplomáticas o jurídicas no es posible enmendar el informe y retirar las recomendaciones, los estados miembro de la OEA deberán subrayar que este informe es la consecuencia de un proceso para fortalecer, y no debilitar, el sistema interamericano de derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco. "Se deberá interpretar que estas recomendaciones favorecen y no que debilitan el trabajo de la oficina del relator especial."

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