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Un nuevo informe desvela la magnitud de las amenazas que reciben los defensores y defensoras ambientales

Petróleo goteando de un bote en Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil, 23 marzo 2015
Petróleo goteando de un bote en Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil, 23 marzo 2015

AP Photo/Felipe Dana, File

Este artículo fue publicado originalmente en article19.org el 9 de agosto de 2016.

  • Violaciones de derechos humanos (desde asesinatos y agresiones físicas hasta detenciones arbitrarias y campañas de vigilancia) a menudo asociadas a intereses empresariales de industrias extractivas y del Estado.
  • Proyectos de minería y construcción ejecutados a expensas de las comunidades locales y el medio ambiente. Dos cuestiones primordiales son la falta de transparencia y la ausencia de preocupación por el medio ambiente.
  • Honduras es el país más peligroso para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. Preocupa la tendencia a presentar propuestas legislativas que limitan las manifestaciones y la actividad de la sociedad civil.
  • Los intereses creados y un Estado de derecho débil incrementan la vulnerabilidad. Entre 2012 y 2014 se duplicaron las agresiones a defensoras ambientales.

América Latina es, con diferencia, la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales. El asesinato de la activista Berta Cáceres en marzo tuvo repercusión en todo el mundo, pero en el nuevo informe de ARTICLE 19, CIEL y la Escuela de Derecho de Vermont, Un verde mortal, se desvela que aquel suceso no fue más que la punta del iceberg —el informe documenta un clima de violencia y amenazas físicas, así como acciones de vigilancia, cargos falsos y detención arbitraria a lo largo y ancho de la región—.

"Quienes tienen intereses directos en la explotación de la tierra en América Latina emplean un arsenal de amenazas para silenciar a las voces disidentes que se alzan en contra de los intereses empresariales y del Estado", declaró Thomas Hughes, director ejecutivo de ARTICLE 19.

"Es habitual que quienes violan los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales lo hagan con impunidad, con la apatía o incluso la complicidad del Estado, creando así un clima de miedo y autocensura.La situación es crítica:es necesario actuar urgentemente para proteger a los defensores y defensoras, y al medio ambiente por cuya protección luchan", añadió Hughes.

El informe pide que se emprendan acciones inmediatas para acabar con el hostigamiento y asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos, y que quienes perpetran esas agresiones, en cualquier parte de la región, rindan cuentas. No se debe dar curso a la extracción de recursos y a los proyectos de desarrollo sin procesos de consentimiento significativos, inclusivos y participativos. Debe empoderarse a los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales con los medios adecuados para que puedan defender sus derechos. El acuerdo regional sobre democracia ambiental que se está negociando en América Latina y Caribe debe proporcionar mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales.

"La constante escalada de agresiones violentas contra defensores y defensoras ambientales debe terminar", declara Marcos Orellana, director del Programa de Derechos Humanos y Ambiente del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL). "La persecución sistemática de defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales está tan generalizada en toda América Latina, que defender el medio ambiente ha pasado a ser sinónimo de poner en peligro tu seguridad y tu bienestar.Tanto los gobiernos como las empresas deben rendir cuentas por el papel que desempeñan en las agresiones contra los defensores y defensoras ambientales".

El Informe en español | en inglés

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