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Cambio de gobierno con poco para festejar en México, más problemas en Colombia, y cierres de medios en Venezuela

Agosto en las Américas: Uno de los países más grandes del continente y con mayores problemas para garantizar la libre expresión de sus ciudadanos cambió su gobierno, en Estados Unidos los medios se unen contra los ataques de Trump y en Venezuela cada vez hay menos medios independientes.

Partidarios de Andres Manuel López Obrador celebran los resultados de la elección en la Ciudad de México, el 1 de julio de 2018
Partidarios de Andres Manuel López Obrador celebran los resultados de la elección en la Ciudad de México, el 1 de julio de 2018

Vincent Isore/IP3/Getty Images

El mes de agosto tuvo varios hitos en términos de libertad de expresión en la región. Entre ellos la elección nacional en México donde tirunfó Manuel López Obrador por la coalición "Juntos Haremos Historia" y abrió una luz de esperanza para que el nuevo gobierno atienda los graves problemas de libertad de expresión y prensa que tiene el país.

El país del norte tiene el panorama más complicado de la región: con 12 periodistas asesinados en 2017 y siete en 2018, Reporteros Sin Fronteras (RSF) volvió a ubicar al país entre los 50 estados con menos libertad de prensa del mundo. Así, el estado de este derecho humano en México es un tema acuciante y recurrente entre la sociedad civil.

La pregunta que nos hacemos en IFEX es: ¿Lo será para el nuevo gobierno? IFEX consultó a varias activistas y defensoras de derechos humanos mexicanas para saber qué expectativas tienen ante una nueva administración y por qué creen que México no puede salir del espiral de violencia extrema.

Sus pronósticos no son buenos: además de reconocer que esta fue la elección más violenta de la historia con más de 100 políticos muertos y decenas de ataques a periodistas y observadores, las analistas son escépticas en cuánto podrá hacer el nuevo gobierno para cambiar esta situación.

La postura de las activistas se sustenta en que los ataques y amenazas contra los medios y periodistas continúan, así como los elevados niveles de impunidad en resolver estos crímenes.

Un caso paradigmático es el de la periodista Carmen Olsen que sigue siendo amenazada e intimidada por funcionarios públicos a pesar de contar desde hace cinco años con medidas del Mecanismo de Protección a Periodistas.

Pero el activismo mexicano no baja los brazos y así se consiguen pequeñas grandes victorias: el 31 de julio las Naciones Unidas reconoció violaciones a los derechos de la periodista Lydia Cacho por parte de las autoridades mexicanas. El fallo se da luego de la petición de revisión del caso que presentara en 2014 nuestro miembro Artículo19.

En Colombia el 3 de agosto asesinaron al periodista Valentín Rúa Tezada en el suroeste del país. Este hecho fue el más grave de una serie de incidentes y amenazas contra la prensa que generó un creciente clima de hostilidad contra los medios.

Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), este asesinato es un "retroceso" en el resguardo del ejercicio del periodismo en ese país. A la vez, la organización exigió a las autoridades que investiguen en forma "rápida y transparente" el caso, para llevar a los responsables ante la justicia y evitar que el crimen caiga en la impunidad.

Pero también en este país se ve activismo en acción: la Fundación Karisma lanzó una nueva edición de su campaña "Alerta Machitrolls": una iniciativa en línea que se vale del humor para identificar comportamientos que atentan contra los derechos de las mujeres a expresarse y compartir opiniones en internet. La campaña y su herramienta tecnológica están diseñadas con la idea de generar un contradiscurso al de violencia digital hacia mujeres y personas disidentes de género.

En Venezuela la crisis económica del país y las fuertes presiones siguen ahorcando a la prensa escrita: solo en 2018 un total de 12 diarios redujeron sus días de circulación por falta de papel.

IPYS Venezuela constató que desde 2013 al menos 47 periódicos han suspendido su circulación de forma temporal y definitiva por las restricciones en la adquisición de insumos para la producción informativa.

Además, pasaron ya tres meses de la vergonzosa detención arbitraria del tuitero Pedro Jaimes por publicar la ruta del avión presidencial. IFEX ALC sigue exigiendo su liberación inmediata.

Mientras, una delegación de la SIP y RSF fue a Nicaragua y determinó que ese país vive un grave retroceso en las libertades de prensa y expresión fruto de la brutal represión que ejerce el gobierno de Ortega contra las manifestaciones populares que exigen cambios políticos en el país.

Las organizaciones demandaron al gobierno nicaragüense el cese de la violencia, investigar y sancionar las agresiones, y respetar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a periodistas y sus familiares.

Asimismo, un informe del Comité para la Protección de los Periodistas reveló que el control que Ortega ejerce sobre los medios se reduce a pesar de que recrudece la represión.

Hartos de los ataques constantes, en lo que antes era un país abierto a la confrotanción respetuosa de opiniones, cientos de medios de Estados Unidos se unieron para publicar el 16 de agosto un editorial exhortando al gobierno a dejar polarizar la sociedad con sus ataques a la prensa y destacando el rol fundamental de los medios como pilar de la democracia.

Mientras los medios se unen, la administración Trump no para de antagonizar al a prensa libre: a una periodista de CNN le prohibieron el acceso a la Casa Blanca por hacer "preguntas inapropiadas" mientras que Reality Winner, una mujer que reveló información confidencial del Estado, fue condenada a 63 meses de prisión, la pena más grande jamás impuesta para este tipo de acciones.


En Breve:

Brasil: El periodista Marlon de Carvalho Araújo fue asesinado y se convirtió en el cuarto reportero muerto en el país en lo que va del año.

Uruguay: A 10 años de la aprobada ley de Acceso a la Información Pública, Cainfo propone algunos cambios para seguir avanzando en la transparencia estatal.

En Bolivia Evo Morales quiere crear una "ley contra la mentira" y las organizaciones sociales se oponen.


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