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Usan guerra contra separatistas como pretexto para encarcelar a defensores de derechos y acosar a periodistas

El Gobierno angoleño está atacando a los defensores de los derechos humanos con intimidación, acoso y detención, dice Human Rights Watch. Los ataques mortales contra los jugadores de fútbol togoleses por parte de rebeldes separatistas angoleños en enero también se usaron como excusa para hacer redadas contra críticos del Gobierno. Al menos ocho activistas han sido arrestados desde el ataque y se ha amenazado a periodistas.

Los pistoleros abrieron fuego contra la selección nacional de fútbol de Togo, que llegó al país a competir en la Copa Africana de Naciones 2010, en Cabinda, un enclave de Angola rico en petróleo, el 8 de enero. Dos personas murieron, entre ellas un periodista togolés y otras nueve fueron lesionadas. Las autoridades angolesas están mencionando "crímenes contra la seguridad del Estado" como la razón para los arrestos de los defensores de los derechos humanos.

La policía arrestó a los primeros activistas temprano por la mañana del 8 de enero, antes de que los futbolistas togoleses fueran atacados ese mismo día. Tres personas arrestadas a mediados de enero, Belchior Lanso Tati, Francisco Luemba y Raul Tati, son prominentes intelectuales de Cabinda y defensores de los derechos humanos que son abiertos críticos del Gobierno.

Los tres defensores fueron alguna vez parte de la asociación cívica que emitió varios informes de derechos humanos sobre Cabinda y facilitaron las negociaciones de paz entre la guerrilla separatista y el Gobierno.

Mientras tanto, un periodista recibió una advertencia de funcionarios de seguridad angoleños el 20 de enero, que decían que su vida estaba en riesgo porque las autoridades lo veían como una "persona peligrosa" que había "dañado la imagen de Angola" al informar sobre temas delicados de la política. Y otro periodista, el ex corresponsal de la Voz de las Américas en Cabinda, Fernando Lelo, dijo que personas que afirmaron ser oficiales de inteligencia angoleños le advirtieron que pronto podría ser acusado de supuestas ventas de armas a los rebeldes. Lelo ya había pasado casi dos años en la cárcel por "delitos de seguridad" y originalmente fue sentenciado a 12 años antes de que su condena fuera anulada en 2009 por un tribunal militar.

En diciembre de 2009, las autoridades comenzaron a arrestar arbitrariamente y a intimidar a periodistas independientes en el periodo previo a la Copa Africana de Naciones de 2010. Los periodistas que trabajan para los medios operados por el estado con frecuencia ejercen la autocensura.

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