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Denuncia penal contra la primera dama por discriminar a periodistas nacionales

(FOPEA/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de FOPEA, un miembro provisional de IFEX:

Denuncia penal contra candidata a presidente por discriminar a periodistas

El 5 de septiembre 2007, la primera dama y actual candidata presidencial por el partido gobernante Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, fue denunciada penalmente por discriminar a los periodistas argentinos que, en julio, cubrieron su gira de promoción política por España.

La acción judicial fue realizada ante el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Numero 8 de la ciudad de Buenos Aires por Marta Carraro, abogada y candidata a intendente de una localidad de la provincia de Buenos Aires por el partido opositor Coalición Cívica (CC). Su denuncia incluyó además al vocero presidencial, Miguel Núñez, y al embajador argentino en España, Carlos Bettini.

Durante su visita oficial, la primera dama fue recibida por los reyes de España, por el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Entre otras acciones, rindió homenaje a las víctimas del acto terrorista del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha y se refirió a actuales políticas de Estado en la conferencia que brindó frente a empresarios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

"En su gira, la señora Cristina Fernández de Kirchner brindó reportajes a medios españoles (el diario 'El País', por ejemplo) y norteamericanos (CNN en español), pero excluyó expresamente y de manera deliberada a la prensa argentina. Es decir, que discriminó por razones de nacionalidad el acceso a la información que los periodistas argentinos intentaban alcanzar para beneficio de la población de nuestro país", sostuvo Carraro en su querella.

Por eso, Fernández de Kirchner fue acusada de "violación de los deberes de funcionario público", mientras Núñez y Bettini, encargados de la política de prensa de la gira, fueron incriminados como "partícipes necesarios". La denuncia también fue presentada ante el organismo oficial Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Carraro invocó el artículo 1 de la Constitución Nacional, que señala que "la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal". Y citó a juristas especializados cuando señaló que la "forma republicana" está definida como "un sistema político de división y control del poder" y caracterizada por "la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos electivos y la igualdad de todos ante la ley". Además, mencionó el artículo 33 que, según señaló, "proporciona fundamento suficiente a la obligación de dar a publicidad todos los actos de gobierno dado que, esa norma, reconoce los derechos que emanan de la soberanía del pueblo".

La querellante explicó en el documento que los trabajadores de prensa que tuvieron acceso a la funcionaria fueron los que "cumplían órdenes del Estado" nacional, como la "Agencia Télam". Pero manifestó que "lo cierto es que no se permitió que ejercieran su profesión a un grupo de periodistas, o bien por el sólo hecho de ser argentinos, o bien por sus presuntas ideas políticas sobre el accionar del gobierno".

Desde hace años, FOPEA cuestiona públicamente al gobierno nacional y ha realizado no menos de cinco pedidos de audiencias para explicar la importancia que tiene para la democracia que los más altos funcionarios se sometan abiertamente a las preguntas de los periodistas.

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