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Declaración de WPFC sobre el bloqueo de las ediciones de "Clarín" y "La Nación"

(WPFC/IFEX) - Washington, DC, EE.UU., 29 de marzo, 2011 - El Comité Mundial de Libertad de Prensa de Freedom House, una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo, expresó su profundo rechazo al bloqueo de las ediciones dominicales de los diarios Clarín y La Nación, los dos mayores de Argentina, que tuvo lugar el 27 de marzo en la planta impresora y distribuidora Artes Gráficas Rioplatenses.

Los trabajadores de la planta, propiedad del Grupo Clarín, impidieron la distribución de la edición de La Nación durante cuatro horas, pero pudo finalmente ser repartida. El bloqueo contra la edición de Clarín, en cambio, se extendió durante 12 horas, lo que impidió que el diario llegara a los lectores.

Los trabajadores alegaron que el motivo de su protesta es un supuesto conflicto con la patronal de Clarín, a quien acusan de "persecución sindical". El Grupo Clarín, por su parte, negó que tal conflicto existiera y respondió que el bloqueo fue una medida de presión para evitar que se critique al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández.

"En cualquier caso se trata de una medida inaceptable de censura previa contra dos medios de comunicación que con demasiada frecuencia han sufrido el acoso del gobierno debido a sus críticas contra la Presidenta Fernández", dijo Javier Sierra, director de proyectos del WPFC. "Es también el ejemplo más notorio de una larga cadena de acciones similares por parte de los trabajadores afiliados a sindicatos afines al gobierno".

El Grupo Clarín demandó en enero estas acciones ante la justicia, la cual dictaminó que se garantizara la libre circulación de las ediciones del diario.

Sólo un miembro del gabinete de la Presidenta Fernández, el Ministro del Interior Florencio Randazzo, ha indicado que no acepta "ninguna situación que atente contra la libertad de expresión". Pero el gobierno en pleno ha adoptado la posición de que el incidente se trata de un conflicto gremial y prácticamente se ha lavado las manos al respecto.

El WPFC coincide con la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, la cual en un informe titulado "Una agenda hemisférica para la defensa de libertad de expresión", defiende que el Estado no sólo tiene la responsabilidad de no violar el derecho a la libertad de expresión sino de evitar también que los particulares la violen.

"El Estado argentino tiene que actuar decididamente para indagar si se desobedeció la orden judicial de libre distribución de las ediciones de Clarín, y si ése es el caso, como obviamente parece, debe aplicar las sanciones correspondientes para que este tipo de atentados contra la libertad de prensa no se vuelva a repetir", agregó Sierra. "El incidente no sólo es un ataque contra la libertad de prensa, sino que además constituye un desafío al derecho del público a estar informado sobre temas de interés social, tal y como lo define el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Argentina es signatario".

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