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Congreso en Argentina debe establecer límites al uso de publicidad oficial durante elecciones

La Cámara Nacional Electoral requirió que el Congreso de la Nación -en coordinación con las legislaturas locales- revise a la mayor brevedad posible la regulación vigente en materia de publicidad oficial durante épocas de elecciones para asegurar la relación armónica entre la vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y la equidad electoral. Lo hizo en el marco de una acción de amparo colectiva presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en el cual se había denunciado que la utilización de la publicidad oficial con fines electorales violaba la igualdad electoral que establece nuestro ordenamiento jurídico.

El caso se inició en 2011 a partir de los abusos que la ADC había documentado en numerosos informes. En efecto, la ADC había detectado que en años electorales, el pico máximo de la inversión publicitaria estatal se producía en el mes previo a las elecciones. Asimismo, la ADC demostró en el curso del juicio que muchas de las publicidades oficiales emitidas durante la campaña promovían la figura de determinados funcionarios y buscaban apuntalar la candidatura de candidatos oficialistas. Estos problemas se repiten en la campaña electoral en curso.

Ese tipo de abusos violan la igualdad electoral que establece nuestro ordenamiento jurídico, en especial a partir de la ley de reforma política que establece la distribución estatal y gratuita de espacios en medios de comunicación. El uso electoral de la publicidad oficial desvirtúa el sistema establecido por el Congreso de la Nación, en violación de la libertad de expresión de los votantes y su derecho al sufragio. En función de ello, la ADC solicitó a la justicia que ordene la suspensión de la publicidad oficial en la campaña de 2011, que exhorte al poder ejecutivo a adecuar sus prácticas a los estándares internacionales vigentes y adopte remedios judiciales idóneos tendientes a resolver la situación de inconstitucionalidad generada por las prácticas del poder ejecutivo.

La sentencia dictada el día de ayer recepta sólo parcialmente los reclamos de la ADC. En efecto, si bien exhorta al poder legislativo a promover reformas legales que detengan los abusos que la Cámara Electoral verifica, sólo se limita a “poner en conocimiento” del poder ejecutivo el contenido de la sentencia y no adopta remedios judiciales que garanticen la igualdad en la competencia electoral.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) considera que la sentencia podría haber sido más ambiciosa en su parte resolutiva, ordenándole al Poder Ejecutivo a ajustar sus prácticas a los estándares internacionales que existen en la materia —expuestos, por ejemplo, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— y estableciendo remedios judiciales efectivos para solucionar una situación de inconstitucionalidad que —luego del fallo— permanece inalterada. En función de ello la ADC recurrirá la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todos modos, llamamos al Congreso Nacional y a las legislaturas locales a responder a la exhortación de la Cámara y adoptar una regulación adecuada de la publicidad oficial antes de las próximas elecciones.

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