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Corte Suprema de Argentina discute argumentos sobre la propiedad de medios

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mantiene atenta a la audiencia especial que convocó para miércoles 28 de agosto de 2013 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Argentina por el juicio que enfrenta al gobierno nacional de Cristina Kirchner con el Grupo Clarín, tras la cual deberá manifestarse sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales referentes a la propiedad de medios de comunicación.

La SIP ha destacado por tres ocasiones delegaciones internacionales en Argentina en los últimos dos años, habiendo comprobado serias restricciones a la libertad de expresión, no tan solo referentes a la aplicación de la ley de medios vigente desde su sanción a fines de 2009, sino por otras medidas económicas y políticas coercitivas impuestas por el gobierno contra medios de comunicación y periodistas independientes o críticos.

La Corte Suprema convocó a una audiencia en la que representantes del gobierno y de Grupo Clarín presentarán sus argumentos sobre la Ley de Servicios Audiovisuales que obligaría a los medios a deshacerse en el plazo de un año, de sus licencias en cuanto excedieran los límites impuestos por la ley.

Tras la audiencia, en la que también expondrán “amigos de la corte” por ambas partes, el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161, actualmente suspendidos por un tribunal menor a instancias del Grupo Clarín y otros medios de comunicación que presentaron medidas cautelares.

Para poner en contexto la preocupación de la SIP, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, recordó que en referencia al conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín, la misión más reciente de la SIP al país concluyó que “lo que está en juego ahora sobrepasa los intereses económicos y empresariales” de un sector de la prensa.

Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, dijo que la institución viene denunciando una campaña intensa de presiones y deslegitimaciones por parte del gobierno no solo en contra la prensa, sino también en contra de los jueces que han intervenido en los procesos judiciales sobre la actual ley de medios.

En una resolución de su reunión en Puebla en marzo, la SIP criticó que el Gobierno argentino muestre “distintos estándares a la hora de aplicar la ley de medios, llevando a la firme sospecha de que tanto la misma letra de la ley, como su aplicación, apuntan a avanzar sólo contra los medios independientes, manteniendo una actitud laxa y permisiva con los medios cercanos a la línea oficial”.

Paolillo reiteró que la SIP se mantendrá atenta a los resultados de la audiencia judicial y a cualquier resolución que pudiera afectar la libertad de prensa y de expresión en el país.

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