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Justicia allanó las oficinas de medio digital en Argentina

ACTUALIZACIÓN de FOPEA: Repudio de Fopea al procesamiento del director de La Brújula (5 de noviembre de 2014)

Este artículo fue publicado en fopea.org el 29 de octubre de 2014.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su profunda preocupación por la decisión de la Justicia de Bahía Blanca (Prov. de Buenos Aires) de allanar las oficinas del medio digital La Brújula 24, en busca de información que llevaría a dar con las fuentes que habrían brindado audios de conversaciones telefónicas y copias de chats vinculadas al denominado Caso Suris.

En el día de ayer, el juez Santiago Ulpiano Martínez, a pedido del fiscal Alejandro Cantaro, ordenó el allanamiento de dicho medio a través de efectivos de la Policía Federal, quienes requisaron durante 3 horas varias computadoras, discos duros y diversos dispositivos electrónicos e informáticos y realizaron copias de documentación e información. Hicieron lo mismo con las computadoras de la radio La Brújula, que funciona en el mismo lugar.

Según informó la Justicia, se está investigando un delito de supuesta revelación de documentos secretos. Pero la indagación sobre el origen de las fuentes periodísticas constituye de por sí una violación de la norma constitucional que preserva la reserva de dichas fuentes para los periodistas. Germán Sasso, editor de La Brújula, dijo a Fopea que los investigadores policiales preguntaron en reiteradas ocasiones por la fuente que suministró las escuchas. Y comentó que pedirán la nulidad del allanamiento. Por su parte, el juez Ulpiano Martínez citó a Sasso a declaración indagatoria para el próximo viernes.

El secreto de fuente es un valor fundamental del periodismo y de la libertad de expresión, y su defensa es una barrera que levantamos en beneficio de la sociedad en su conjunto, para que pueda acceder a información clave. Reivindicamos lo dispuesto en el Código de Ética de Fopea, donde se señala que los periodistas no deben obtener información de forma ilegítima. Pero utilizar informaciones suministradas por fuentes no constituye un encubrimiento o un delito como en este caso sospecha la justicia, especialmente cuando está involucrado un bien o valor público.

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