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Abogados boicotean juicio y protestan por tortura of activistas

Manifestante sosteniendo imagen de Abduljalil Alsingace frente al tribunal en audiencia de octubre.
Manifestante sosteniendo imagen de Abduljalil Alsingace frente al tribunal en audiencia de octubre.

BCHR

Mientras la policía antimotines rodeaba un tribunal de Bahrein en Manama, la capital, y helicópteros sobrevolaban para desarticular las manifestaciones para apoyar a 25 activistas de derechos humanos, blogueros y clérigos de Bahrein que estaban siendo juzgados la semana pasada, los furiosos abogados de la defensa salieron del tribunal en protesta por la tortura de detenidos, informan el Centro de Bahrein por los Derechos Humanos (BCHR), la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos (ANHRI) y Reporteros sin Fronteras (RSF). Las autoridades de Bahrein siguen acosando y arrestando a cualquiera que exprese apoyo para los detenidos.

En el juicio el 9 de diciembre, la abogada de la defensa Jalila Al-Sayed declaró: "Nos estamos retirando porque el tribunal no está tomando en cuenta nuestros llamados por una investigación de las acusaciones de tortura. Consideramos ahora que este juicio es injusto y contrario a las normas internacionales y nos negamos a ser parte de él". La retirada obligó a las autoridades a nombrar un segundo equipo de defensa y a posponer el juicio hasta el 23 de diciembre.

En esta actual ofensiva contra los activistas de la oposición, los 25 acusados están siendo procesados por más de diez diferentes cargos, entre ellos terrorismo y difamación; el cargo original de conspirar para derrocar al Gobierno fue retirado. Algunos de los cargos comportan una pena de cadena perpetua, dice un abogado. Varios miembros del BCHR, Human Rights Watch, La Sociedad Juvenil de Bahrein por los Derechos Humanos y la activista de los derechos de la mujer Ghada Jamsheer han sido excluidos repetidamente de las audiencias. Además, el fiscal impuso una orden de silencio a los medios que cubren el caso desde el 27 de agosto, informa el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ).

El 9 de diciembre la ANHRI envío al juicio un equipo de observación, integrado por Matthew Moriarty, un abogado del Reino Unido y Ahmed Mansoor, un activista de derechos de la región.

Los detenidos, entre ellos los prominentes blogueros Dr. Abduljalil Alsingace y Ali Abdulemam, que fundaron BahrainOnline en 1999, así como el Dr. Mohammed Saeed, un miembro del consejo del BCHR, dijeron que habían sido torturados durante su comparecencia en el tribunal el 28 de octubre. Los blogueros además dijeron que los interrogadores amenazaron con violar a sus familiares y despedirlos de su trabajo. Durante una audiencia en noviembre, el detenido Mohamed Habib Al-Miqdad dijo que todos los acusados habían sido sometidos a tortura, descargas eléctricas o insultos humillantes. Después de hablar sobre el abuso, que incluyó permanecer de pie durante días, ser colgado y privado de sueño, los detenidos fueron golpeados fuertemente otra vez, dicen los grupos de derechos locales y miembros de IFEX.

Además, cualquiera que desafíe la brutalidad del régimen hacia los detenidos está siendo atacado. El presidente del BCHR Nabeel Rajab estuvo detenido durante más de una hora en el aeropuerto el 2 de diciembre mientras se dirigía a Grecia. Fue amenazado, su computadora portátil y su teléfono celular fueron confiscados y todos los archivos e información de esos dispositivos fueron copiados. La semana pasada, Rajab fue expulsado de un cibercafé para impedirle enviar novedades del juicio en Facebook y Twitter, pero sus noticias en Twitter siguen siendo una excelente fuente de noticias en vivo durante los juicios. En los últimos meses, las autoridades incrementaron sus esfuerzos para desacreditarlo con campañas de difamación.

En un caso separado, el BCHR informó que cuatro jóvenes estaban siendo enjuiciados en diciembre por portar una pancarta con imágenes de víctimas de tortura. Las autoridades afirman que la pancarta fue un acto para incitar al odio contra el régimen. Uno de los activistas, Hassan Abdullah Al-Qassim, fue sentenciado también a un año de cárcel en octubre por distribuir documentos que revelaban las infracciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades y fotos de detenidos torturados.

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