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Pocos avances a un año de la agresión a la red televisiva Unitel

(ANP-IFEX) - 2 de septiembre de 2010 - El 3 de septiembre se cumple un año de la agresión sufrida por el periodista Alberto Ruth y el camarógrafo Francisco Cuéllar, de la Red televisiva Unitel, quienes fueron atacados por policías en 2009 durante la cobertura que realizaban del apresamiento de un ciudadano involucrado en un lío de tierras con campesinos afines al Gobierno. Desde entonces, escasos avances se han registrado en las investigaciones.

Ruth y Cuéllar fueron golpeados. Su vehículo fue embestido, una cámara fue destruida a balazos y la cinta fue requisada por integrantes de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), disuelta un mes después del incidente. No se aplicaron sanciones a los responsables, pese a que el entonces Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el Comandante de la Policía, prometieron a representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), y de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FSTPB), que se reunieron con ellos el 9 de septiembre de 2009, que los responsables serían castigados severamente.

Ruth recordó que él cumplió con los trámites de presentar las respectivas denuncias ante las instancias judiciales, con el apoyo de abogados de la red televisiva en la que aún presta servicios. Empero, durante este año no volvió a ser convocado para prestar más declaraciones, ni recibió satisfacciones de la Policía ni del Gobierno.

El jefe de prensa regional de Unitel, Carlos Lazcano, en representación de la red televisiva, afirmó que ese medio de comunicación todavía impulsa la demanda civil ante el juzgado noveno de instrucción cautelar de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de la jueza Miriam Durán. Negó que se hubiera presentado algún desistimiento, por lo que reclama atención de las autoridades para que se sancione a los culpables, entre los que se sindica como el principal agresor al capitán Wálter Andrade. Andrade participó en un operativo policial realizado en un hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la que se disparó y mató a tres integrantes de un presunto grupo terrorista, el 16 de abril de 2009, que según el Gobierno fueron contratados por grupos empresariales y cívicos de esa región para separar a Santa Cruz del resto del país y matar al presidente Evo Morales.

En el juzgado noveno confirmaron que la demanda judicial por los delitos de amenaza con arma de fuego, atentado a la libertad de trabajo y coacción, permanece activo, mientras que el fiscal Mario Mercado atribuyó la falta de avances en el caso a que los afectados nunca más se presentaron.

El Gobierno admitió, al día siguiente del incidente de septiembre de 2009, que policías al mando de Andrade participaron en el ataque a los periodistas de Unitel y por eso se decidió disolver el cuerpo policial de élite, a tiempo de anunciar un proceso interno, cuyas conclusiones no fueron informadas por el ministerio de Gobierno.

Unitel también había presentado una denuncia en el juzgado décimo de Instrucción Cautelar de La Paz, pero se presentó un desistimiento para centrar las acciones en Santa Cruz porque en esta ciudad ocurrieron los hechos, explicó Lazcano, en representación de la red televisiva.

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