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Medios critican obligatoriedad de mensajes para "realizar el fervor patrio"

(ANP/IFEX) - 18 de mayo de 2011 - La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y medios de comunicación consultados por la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de Bolivia criticaron el 18 de mayo de 2011 el Decreto Supremo que establece la obligatoriedad de difundir "mensajes orientados a promover y fortalecer la educación cívico patriótica y realizar el fervor patrio sobre la reivindicación marítima".

De acuerdo al Decreto N° 859, publicado el 12 de mayo de 2011 en la Gaceta Oficial, "los medios de comunicación audiovisual difundirán la Marcha Naval los días lunes y viernes al inicio y cierre de sus emisiones", mientras en la semana previa al 23 de marzo, día del Mar, esa marcha deberá difundirse dos veces por semana.

Los medios consultados por la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de Bolivia no cumplen a la fecha con el Decreto citado, argumentando que cuentan con políticas propias sobre la reivindicación marítima de Bolivia, que en 1879 perdió una guerra con Chile y su acceso territorial al océano Pacífico.

El Director de Radio Panamericana, Daniel Sánchez, opinó que "toda iniciativa llamada a incentivar el fervor cívico es buena; sin embargo debiera ser voluntaria". Panamericana difunde diariamente desde hace años, voluntariamente, mensajes recordatorios de la demanda marítima boliviana.

El Gerente de Producción de Fides TV, Gonzalo Rivera, consideró que "el fervor cívico no puede ser impuesto" y agregó que Fides resalta el civismo (marítimo) desde hace mucho tiempo, sin necesidad de un Decreto".

El Jefe de Programación del Sistema de Radio y Televisión Popular, Hernán Alvarez, opinó que "deberíamos trabajar en forma conjunta entre Gobierno y medios de comunicación para tener una visión amplia de país porque las acciones unilaterales no permiten tener la fuerza necesaria. El Gobierno debiera ser el ente aglutinador y no el que impone".

La ANP, por su parte, rechaza las disposiciones inherentes a los medios de comunicación en el citado Decreto Supremo debido a que considera que el gobierno no puede imponer mensajes y contenidos en la programación de los medios audiovisuales y en las publicaciones de los medios impresos y digitales.

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