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Preocupan a la SIP varias legislaciones que afectan la libertad de prensa

(SIP/IFEX) - Miami, 25 de mayo de 2011 - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la situación de libertad de prensa en Bolivia, en el momento que varias legislaciones están siendo cuestionadas, entre ellas una que obligaría a emitir en cadena nacional todos los discursos del presidente Evo Morales y otra que prohíbe a que los medios entrevisten u opinen sobre la elección de magistrados.

El gobierno nacional impulsa una ley de Telecomunicaciones que obligaría a todos los operadores de radiodifusión y televisión, en señal abierta o por cable, a trasmitir en forma gratuita todos los mensajes oficiales del presidente Morales.

El titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, expresó que "nos encontramos ante un abuso de poder que restringe la libertad de prensa y el criterio editorial de los medios, al imponer en forma obligatoria y gratuita que se divulguen los mensajes de un Presidente", y lamentó que se sigan promoviendo leyes restrictivas de la libertad de expresión en varios países sudamericanos.

Marroquín, del diario guatemalteco Siglo 21, agregó que en todo país democrático y donde reina el estado de derecho, sólo se contemplan como obligatorios aquellos mensajes que sean útiles y de interés público, como en casos de seguridad nacional, conmoción interna o emergencias sanitarias.

"Una imposición de este tipo - agregó Marroquín - es darle una licencia al gobierno para emitir propaganda sin límites, aún cuando la información no tenga relevancia para la ciudadanía". El proyecto de Ley también contempla acortar de 20 a 10 años el plazo de vigencia de las concesiones a los medios radioeléctricos, así como la aplicación de penalidades en caso de interferencia.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Libertad de prensa e Información, Robert Rivard, del periódico estadounidense San Antonio Express-News, se sumó a organizaciones locales de prensa que destacaron como positivo que el presidente Morales solicitara a la Asamblea Legislativa, modificar la Ley de Régimen Electoral. La polémica radica en que el Art. 82 de esa norma, prohíbe a los magistrados aspirantes al Poder Judicial, conceder entrevistas, emitir opiniones, participar en medios radiales, televisivos o escritos, y hacer proselitismo político tres meses antes de los comicios.

La reforma, ya bajo análisis del Congreso, contempla eliminar esas restricciones para las elecciones de magistrados a realizarse el próximo 16 de octubre, así como sanciones contra los medios que divulguen ese tipo de información, opiniones o propaganda.

En tanto, el copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, del semanario uruguayo Búsqueda, recordó que la SIP insiste en las limitaciones legislativas a la libertad de prensa, que invalidan la Ley de Imprenta y otros principios contenidos en la Constitución.

Entre esas leyes, Paolillo, quien lideró una delegación internacional de la SIP a La Paz en octubre de 2010, dijo que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, pese a que tiene un fin loable, "esconde en su articulado una verdadera amenaza y mordaza" en contra de los periodistas y los medios.

Los artículos 16 y 23 de esa ley establecen castigos penales para periodistas y sanciones económicas y suspensión de licencias a los medios, en caso de que se consideren que éstos hayan publicado noticias, comentarios u opiniones racistas.

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