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Ciudad en Bolivia recorta pauta publicitaria para diario que compartió video de alcalde

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la suspensión de la publicidad oficial y la campaña de intimidación contra el diario El Deber de Bolivia de parte del gobierno de Santa Cruz de la Sierra, en aparente represalia por la difusión de un video en que el alcalde de esa ciudad irrespeta a una periodista de televisión en un acto público.

El diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra denunció la campaña de intimidación, acompañada de un recorte total de la pauta publicitaria, hecho que ocurrió luego de la difusión de un video en su sitio digital, en el que se observa al alcalde de la ciudad, Percy Fernández Áñez, poniendo una mano sobre la pierna de una reportera que estaba sentada a su lado.

La periodista de la red UNO, Mercedes Guzmán, reaccionó apartando de manera forzada la mano del político y, luego, ante una de sus preguntas, el alcalde respondió con doble sentido. Ante la polémica y las críticas que despertaron las acciones de Fernández Áñez, pidió disculpas públicas en un video enviado a televisoras locales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, condenó “el hostigamiento contra el diario y las represalias del gobierno local que aparentan tener su origen en la publicación de información que muestra, lejos de toda duda, una actitud inapropiada e irrespetuosa de un funcionario público hacia una mujer”.

Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, se refirió a los principios 4, 7 y 10 de la Declaración de Chapultepec, en los que se establece que las presiones a los medios de comunicación coartan la libertad de expresión y de prensa; la concesión o supresión de publicidad estatal, no debe aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas, y que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

De acuerdo a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, seguidores del alcalde y organizaciones sociales afines a su administración realizaron también marchas contra el diario para protestar por la información difundida y “ha derivado en amenazas verbales de funcionarios y operadores políticos cercanos al alcalde contra El Deber”.

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