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Demanda penal contra periodistas bolivianos que negaron a revelar sus fuentes

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó una demanda penal en contra de dos periodistas bolivianos del diario La Razón, acusados de espionaje por el gobierno nacional por la supuesta revelación de secretos de Estado.

La demanda fue interpuesta por el Procurador General del Estado, Héctor Arce, en contra del periodista Ricardo Aguilar. El 13 de abril, Aguilar publicó un artículo sobre la hipótesis que el gobierno de Bolivia presentó días después ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda, sobre el reclamo a Chile por la salida al mar. Arce también demandó a Claudia Benavente, directora de La Razón.

Aguilar alabó la fase de recopilación de datos, investigación y construcción de hipótesis e hizo referencia a etapas históricas del conflicto entre Bolivia y Chile. Sin embargo, el Procurador consideró que en su nota el periodista reveló secretos de Estado, espió y exigió que revele sus fuentes.

De ser hallados culpables, según los artículos 111 y 115 del Código Penal, los periodistas afrontan 30 años de prisión sin derecho a indulto en caso de espionaje y de uno a seis por revelación de secretos. La defensa de los periodistas recusó la demanda por haber sido hecha ante la justicia ordinaria y no ante tribunales especiales como establece la Ley de Imprenta.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que “estamos una vez más ante un claro episodio de tensión entre prensa y gobierno, en la que la primera hace su trabajo de investigación pensando en el derecho del público a la información, y la otra busca mantener todo en sigilo, considerando que cualquier información que no es oficial es una conspiración o traición a la patria”..

Paolillo, director del semanario Búsqueda, agregó que “nos preocupa esta demanda penal porque bajo la excusa de un mal entendido nacionalismo, se pretende acallar o al menos intimidar el trabajo y la función investigadora de la prensa”.

Varias organizaciones de prensa y periodistas respaldaron a los periodistas y al diario, exigiendo que se retire la demanda y los cargos bajo el argumento de que este tipo de conflictos no puede dilucidarse ante la justicia ordinaria.

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