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Prensa de Bolivia: Si quieren el dinero de la publicidad, no hablen de política

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera

REUTERS/Miraflores Palace/Handout

Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 20 de agosto de 2015.

El gobierno boliviano anunció el lunes diez de agosto que los medios de comunicación que lleven a cabo una labor "política" (sic) se verán privados de recursos financieros ligados a la publicidad gubernamental.

El pasado diez de agosto, el gobierno anunció por medio del vicepresidente Álvaro García Linera, la decisión de negar cualquier ayuda financiera a los medios de comunicación "que mienten" y "hacen política partidaria". El gobierno se valdrá del decreto supremo 181, que se encuentra en vigor desde 2009, el cual permite a las autoridades distribuir publicidad oficial a la prensa. Debido a que no se ha definido ningún criterio objetivo de atribución de dichos recursos financieros, el gobierno podrá actuar a su antojo de manera discrecional. La definición del criterio "medios políticos" permanece imprecisa. Según el vicepresidente, se trataría de "los que nos dicen de todo, a los que nos ofenden y mienten"... en definitiva, los que no gustan al poder.

"El anuncio oficial que priva a los "medios de comunicación políticos" de ingresos por publicidad es un paso más para reducir al silencio a la prensa independiente y de oposición en Bolivia", declara Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de RSF. "RSF apoya a los periodistas bolivianos que luchan contra las presiones políticas y pide al gobierno que deje de asfixiar a los medios de comunicación del país mediante un sistema de publicidad gubernamental enviciado por decisiones arbitrarias."

Una serie de renuncias de periodistas habían alertado ya a la opinión pública sobre la posible existencia de presiones entre bastidores, incluso antes de la declaración del vicepresidente. El treinta y uno de julio, el canal Cadena A finiquitó el contrato del presentador del programa "A todo pulmón", John Arandia, negando la existencia de presiones gubernamentales. El periodista había mantenido, no obstante, una posición muy crítica contra el gobierno durante el conflicto social en la región de Potosí, que se encuentra al sur del país.

El mismo día, la periodista Amalia Pando anunció su renuncia voluntaria de Radio Erbol, estación en la que conducía el popular programa matinal "En directo" desde hacía seis años. Según la periodista, su renuncia era necesaria para salvar la radio de la estrangulación económica impuesta por el gobierno. En una entrevista para el periódico El Deber, Amalia Pando declaró: "el gobierno pidió mi cabeza, entonces la entrego". El veintidós de mayo, el periodista Enrique Salazar se enteró de la cancelación del programa que conducía diariamente en la estación Red Uno desde hacía doce años, solamente dos días después de una fuerte entrevista con la ministra de comunicación, Marianela Paco. Según el periodista, la decisión venía directamente de la dirección de la estación de televisión, y no del gobierno.

Esta situación resulta aún más inquietante cuantos más problemas se vinculan al decreto 181: los arrestos abusivos (ver el caso reciente de Juan Carlos Paco) y la impunidad de la violencia contra los periodistas constituyen amenazas inequívocas contra la profesión. La lentitud de los procesos judiciales en torno a la desaparición de Cristian Osvaldo Mariscal Calvimontes, de Canal Plus TV en Tarija, al sur del país, es otro triste ejemplo de ello.

Bolivia ocupa el lugar noventa y cuatro entre ciento ochenta países en la Clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras que se publicó en febrero de 2015.

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