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Evo Morales quiere crear una "ley contra la mentira": organizaciones sociales se oponen

El presidente Evo Morales conmemora el 193 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas de Bolivia en Cochabamba, el 8 de agosto de 2018
El presidente Evo Morales conmemora el 193 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas de Bolivia en Cochabamba, el 8 de agosto de 2018

AIZAR RALDES/AFP/Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en anp-bolivia.com el 23 de agosto de 2018.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales diarios, revistas y una agencia de noticias expresó rechazo a la ley contra la mentira propuesta por el presidente Evo Morales, porque limitaría la libertad de expresión y las garantías constitucionales orientadas a proteger el trabajo independiente de periodistas y medios.

El presidente Morales, durante un discurso pronunciado en la ciudad de Sucre, el pasado jueves, expresó que la norma estaría dirigida a autoridades del sector público y a medios de comunicación.

"Estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, como sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación, un reglamento a la Constitución. Contra flojera, no sé cómo vamos a hacer otra ley, pero falta complementar la Constitución", expresó.

La ANP salió en defensa de las garantías constitucionales y reclamó vigencia plena de las normas que protegen a todo ciudadano a expresar ideas y opiniones.

Desde octubre de 2010, está vigente una Ley contra el racismo que aplica sanciones a medios de información que pueden llegar a su clausura, en caso de reincidencia. Desde entonces, la ley sirvió para el enjuiciamiento de los periódicos El Diario, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF).

El documento difundido por la ANP señala:


La ANP rechaza la propuesta presidencial de crear una ley contra la mentira

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) hace público su rechazo a la propuesta presidencial de crear una ley contra la mentira y expresa su profunda preocupación por este nuevo atentado contra la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Bolivia es signatario.

La Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es clara y concreta al declarar lo siguiente:

'Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales'.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia al respecto en su Art. 13 manda: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia".

Existe una diferenciación entre comunicación informativa de los hechos, y comunicación de ideas o pensamientos. Los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba y están ampliamente amparados por la CPE en el Art. 107, donde claramente señala que "los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley". (Ley de Imprenta).

Los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, por su subjetividad, no necesariamente son demostrables en su exactitud, y pedir pruebas sobre la veracidad de todo lo que se diga, piense o crea, significa censura previa y es totalmente incompatible con la libertad de expresión. Esto además de constituirse en un atentado contra un derecho humano, también significaría un retroceso histórico en el avance de la ciencia y las artes, tal como sucedió durante la inquisición.

Por lo tanto, crear una ley contra la mentira va en contra de los tratados internacionales y la Constitución que garantizan el ejercicio de libertades y el desarrollo humano.

De manera responsable ante nuestros públicos, la organización representante de medios impresos pide a los Tribunales de Imprenta bajo tuición municipal y a los Tribunales de Autorregulación Ética reciban y procesen las quejas de las personas que se sientan afectadas por las publicaciones de prensa, y se respete la institucionalidad regida por la CPE, la Ley de Imprenta y el Artículo 296 del Código Penal.

En democracia, la tolerancia a la crítica y a las diferencias de opinión deben merecer respeto tanto de gobernantes como de gobernados.

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