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Relator de la CIDH pide explicación sobre la vigilancia a periodistas

Periodistas miran una emisión del discurso del Presidente de Bolivia Evo Morales durante el Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el 14 de abril de 2018
Periodistas miran una emisión del discurso del Presidente de Bolivia Evo Morales durante el Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el 14 de abril de 2018

ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en anp-bolivia.com el 29 de noviembre de 2018.

"El gobierno de Bolivia debe explicar si vigila a periodistas por su labor o investigarlo", expresó el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza, en su cuenta de Twitter.

Lanza señala los casos de los periodistas Priscilla Quiroga, John Arandia y Andrés Gómez que fueron mencionados por un alto jefe policial, según revela un audio filtrado a las redes sociales, y que en explicación del comandante de la Policía, Faustino Mendoza, corresponde a una grabación manipulada.

"La libertad de expresión requiere respeto a un espacio de privacidad seguro", señala Lanza.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales medios impresos rechazó la vigilancia a los mensajes difundidos por periodistas y líderes de la opinión pública porque vulnera los derechos constitucionales.

Según la versión grabada de una reunión, presuntamente entre jefes policiales, el presidente Evo Morales y sus cercanos colaboradores en materia de seguridad interna, los mensajes de periodistas y políticos, entre ellos el candidato a la presidencia de oposición, Carlos Mesa, son analizados para proteger la imagen del gobierno.

Entre las acciones anunciadas en ese encuentro se informó de la creación de cuentas personales en redes sociales con la finalidad de atenuar las críticas al gobierno y generar "desinformación".

El martes 27 de noviembre, el comandante policial rechazó la vigilancia a los periodistas y aseguró que el monitoreo de noticias tiene por finalidad evitar acciones delictivas.

La generación de corrientes de "desinformación" interfiere en el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva, tal como expresa el Artículo 21 de la Constitución, señaló el pronunciamiento de la ANP.

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