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La SIP condena censura judicial contra medios

(SIP/IFEX) - Miami, 2 de septiembre de 2011 - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó una decisión judicial en Brasil que prohíbe a la empresa periodística Grupo RBS divulgar información relativa a casos de corrupción cometidos por un concejal del estado de Rio Grande do Sul.

En agosto de 2010, el Grupo RBS y el programa Fantástico, de TV Globo, publicaron una serie de reportajes del periodista Giovani Grizzotti, titulados "La fiesta de los viáticos", en el que se denunciaba cómo los ediles del estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país, utilizaban el dinero de los viáticos para turismo y no para hacer cursos de entrenamiento como justificaban. Tras la denuncia periodística, el ministerio público denunció a 13 ediles por malversación de fondos.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP y del diario guatemalteco Siglo 21, calificó el fallo como "un caso de censura previa" y lamentó que en Brasil "los jueces siempre opten por defender a funcionarios corruptos, en vez de fortalecer la libertad de prensa y la transparencia que debe haber en todo acto de gobierno para el fortalecimiento de la democracia".

En caso de que cualquiera de los medios del Grupo RBS, como su diario bandera Zero Hora, incumpla con la decisión judicial, deberá pagar una multa de mil Reales por día, equivalente a 615 dólares estadounidenses.

El concejal involucrado había demandado al Grupo RBS por daños morales. Dos de las empresas que promovían los presuntos cursos también demandaron a la empresa periodística, pero sin éxito.

Desde hace varios años, la SIP ha detectado la tendencia de numerosos jueces de amparar a funcionarios corruptos, imponiendo censura a los medios de comunicación. El caso de censura más notable se mantiene desde el 13 de julio de de 2009, cuando un tribunal prohibió al diario O Estado de S. Paulo publicar hechos relacionados a actos de corrupción en el que está involucrado el empresario Fernando Sarney, hijo del ex presidente de Brasil y actual senador, José Sarney.

También en septiembre de 2010, un juez prohibió a 84 medios de comunicación de Tocantins y otros estados la divulgación de información sobre un presunto escándalo que involucraba al gobernador, a un candidato a la reelección y al procurador general del Estado.

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