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Críticos silenciados; proscriben red de 146 ONG

Las autoridades burundianas proscribieron una red de 146 organizaciones de la sociedad civil el 23 de noviembre, tras semanas de intimidación y amenazas a activistas de la sociedad civil que estaban exigiendo rendición de cuentas por los homicidios de 2009, informan Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (Proyecto de Defensores de los Derechos Humanos en el Este y el Cuerno de África, EHAHRDP) en una declaración conjunta.

El ministerio del Interior anuló el registro legal del Foro por el Fortalecimiento de la Sociedad Civil (FORSC), que representa las 146 asociaciones de la sociedad civil de Burundi.

"La proscripción en Burundi [...] es un ataque frontal a la libertad de asociación", dijo Human Rights Watch. "Es un descarado intento de silenciar a la efervescente sociedad civil de Burundi". Llega en un momento en que el país se está preparando para las elecciones presidenciales.

El FORSC ha reunido a organizaciones de la sociedad civil para numerosas campañas sobre temas que van de la justicia de transición a la supervisión electoral. Este año, el Foro pidió investigaciones a fondo de los asesinatos de Ernest Manirumva, vicepresidente de una organización anticorrupción y Salvator Nsabiriho. En ambos homicidios, hubo testigos que dijeron que estuvieron implicados agentes del estado.

El 7 de noviembre, el representante del Foro Pacifique Nininahazwe emitió una declaración que pedía al presidente Pierre Nkurunziza reaccionar a los asesinatos. El ministro del Interior citó a comparecer al FORSC y otras organizaciones el 10 de noviembre y amenazó con castigarlas.

El mismo día, Nininahazwe y Pierre Claver Mbonimpa, presidente de la Asociación por la Protección de los Derechos humanos y las Personas Detenidas (APRODH), recibieron amenazas de muerte de personas vinculadas con los servicios de inteligencia.

La semana anterior a la firma de la ordenanza, los dos activistas recibieron otra vez amenazas de muerte y fueron puestos bajo vigilancia.

"Proscribir una organización varios días después de que habló en contra de amenazas, a pesar de los intentos del Gobierno de envolver la proscripción en términos legales formales, plantea inquietudes de que la meta del Gobierno es silenciar a los críticos"; dijo el EHAHRDP. "En lugar de abolir a los grupos de la sociedad civil, debería entablar un diálogo productivo con ellos para mejorar las condiciones de todos los burundianos".

En Burundi prospera una cultura de la impunidad, con detenciones y arrestos arbitrarios, informa el EHAHRDP. Los críticos del gobierno son citados para ser interrogados o encarcelados; se confisca el trabajo de los periodistas y se les ha detenido y atacado. Además, los grupos políticos de oposición se enfrentan a restricciones en el trabajo y a abuso.

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