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Gobierno apaga críticas con acoso legal

Con un sistema judicial vulnerable a la interferencia política, las autoridades de Burundi han estado tras de una serie de arrestos y citatorios con motivación política a periodistas y abogados para silenciar la crítica del público, informan Human Rights Watch, el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF).

Dos de las estaciones de radio de propiedad privada más críticas hacia el Gobierno de Burundi han sido intensamente atacadas por el Consejo Nacional para la Comunicación (CNC). Varios de estos periodistas radiofónicos han sido citados para ser interrogados por el fiscal en los últimos mes.

Por ejemplo, el 9 de agosto, el redactor de Radio Publique Africaine (RPA) Bob Rugurika fue interrogado por quinta vez por un magistrado en la capital, Bujumbura, sobre los programas que transmitió su estación. Antes Rugurika había sido de "incitar al odio étnico" después de que RPA difundió una noticia que revelaba que un funcionario que participó en la creación de un comisión de verdad y reconciliación fue mencionado como un supuesto perpetradores en un informe de la ONU sobre crímenes contra la humanidad de 1996.

El mismo día, Patrick Mitabaro, redactor de noticias de Radio Isanganiro, una importante emisora privada, fue interrogado por segunda vez en el tribunal por difundir una entrevista con el presidente de la Barra de Abogados de Burundi, Isidore Rufyikiri, que criticaba a los magistrados por ceder ante la influencia política del Gobierno. En mayo, Mitabaro fue acusado de debilitar la seguridad del estado tras difundir una entrevista con un líder exiliado de la oposición que cuestionó un proyecto de ley gubernamental que ordenaba a todos los partidos políticos volver a registrarse en un plazo de seis meses.

Los abogados que apoyan a los colegas que disienten o defienden a los periodistas críticos están siendo castigados. Rufyikiri fue arrestado el 27 de julio y estuvo detenido nueve días tras pronunciar un discurso en una marcha para apoyar a un colega detenido.

Otro abogado, François Nyamoya, un vocero del partido de oposición Movimiento para la Solidaridad y la Democracia, que defendió a los periodistas de RPA durante años, ha estado en prisión desde su arresto el 29 de julio. Fue acusado de manipular testigos en un juicio por asesinato en 2004. Pero Human Rights Watch dice que los cargos contra Nyamoya fueron hechos segú el nuevo Código Penal, que no estaba en vigor cuando ocurrió el supuesto delito. Nyamoya es además el abogado del periodista de RPA Bob Rugurika.

Bajo esta grave represión, los abogados están siendo arrestados simplemente por hablar con periodistas. La abogada Suzanne Bukuru fue arrestada el 15 de julio, por cargos de "complicidad en espionaje" tras preparar una entrevista entre sus clientas, demandantes en un caso de violación, y unos periodistas franceses que trabajaban legalmente en Burundi. Bukuru fue liberada el 1 de agosto, con cargos pendientes.

En solidaridad, los miembros de la asociación de Burundi fueron a la huelga a finales de julio para apoyar a Rufyikiri y Bukuru. La semana pasada, unos 70 miembros de la asociación de abogados de Burundi hicieron un plantón frente al tribunal de apelación para protestar por la detención de Nyamoya.

Según Human Rights Watch, en 2009 y 2010, los jueces fueron reubicados o amenazados cuando sus decisiones no fueron favorables al Gobierno o partido gobernante.

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