REGIONES:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

¿Cómo dos gobiernos democráticos están amordazando ONGs, de manera perfectamente legal?

Los gobiernos de Ecuador y Canadá, ambos tan sensibles a la crítica y con tendencia a silenciar a sus oponentes, están utilizando la legislación vigente para poner freno a las actividades de la sociedad civil - incluyendo a dos miembros de IFEX.

El Presidente Rafael Correa, izquierda, estrecha la mano con el Primer ministro Stephen Harper durante la Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago, 18 de abril de 2009
El Presidente Rafael Correa, izquierda, estrecha la mano con el Primer ministro Stephen Harper durante la Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago, 18 de abril de 2009

AP Photo/Brennan Linsley

El mes pasado, una ONG que trabaja por la libertad de expresión en Ecuador recibió una carta oficial del organismo gubernamental encargado de controlar y regular las ONGs, amenazando con cerrar sus operaciones debido a la presunta actividad política del grupo. El año pasado en Canadá, otra organización de libertad de expresión enfrentó una auditoría de sus actividades políticas después de que expresó su preocupación y críticas de las decisiones tomadas por el gobierno federal actual. ¿Son los dos grupos víctimas de nuevas leyes que limitan el trabajo de las ONGs en sus respectivos países? No. Al contrario, son sin duda el blanco de gobiernos elegidos democráticamente que mediante la legislación existente toman medidas enérgicas contra sus críticos.


Ecuador

El presidente Rafael Correa fue elegido en 2006, y bajo su liderazgo, el espacio para el libre intercambio de ideas e información, en particular el tipo que cuestiona las políticas de su gobierno, se ha ido reduciendo de manera constante.

En su programa semanal Enlace Ciudadano el Presidente se ha dirigido a medios de comunicación específicos, y ha roto ejemplares de periódicos de manera espectacular cuando los mismos publicaban historias con las que él no estaba de acuerdo. También tiene un historial de lanzar batallas legales contra los medios que no le gustan, y de nombrar públicamente gente común que lo critica en los medios sociales. Su campaña se ha extendido incluso a las organizaciones de la sociedad civil, más recientemente Fundamedios, el miembro local de IFEX en Ecuador.

Fundamedios ha sido señalado en numerosas ocasiones por el gobierno de Correa, incluyendo el cuestionamiento público de sus fuentes de financiamiento. Pero en junio de este año, la organización se enfrentó a su primera amenaza oficial relacionada con su trabajo. Dos cambios en las formas en que las ONGs son supervisadas se combinaron en una tormenta perfecta que se dirigió directamente hacia ellos. Lo más loco es que la tormenta perfecta, es perfectamente legal.

En primer lugar, un decreto presidencial que entró en vigor en junio de 2013 dio poderes al Presidente Rafael Correa para disolver las organizaciones independientes que, como dijo José Miguel Vivanco, Director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, "interfieren con su agenda". La constitucionalidad del decreto ha sido cuestionada por numerosas organizaciones de la sociedad civil.

En segundo lugar, en enero de 2014, la Secretaría Nacional de Comunicaciones (Secom) tomó el control de la supervisión de Fundamedios y tres asociaciones de empresas de medios. Anteriormente, Secom no había hecho ningún intento de ocultar lo que pensaba acerca del trabajo de la ONG. En el momento de la conversión, Fundamedios ha documentado 20 casos en los que Secom había usado emisiones oficiales del gobierno para desacreditarlos.

En su nueva posición, Secom acusó a Fundamedios tanto de contravenir su propia finalidad como organización, así como el Decreto Presidencial 16, que prohíbe a las organizaciones de "llevar a cabo actividades políticas reservadas a los partidos y movimientos políticos ... que interfieren con las políticas públicas que socavan la seguridad nacional o externa del Estado o comprometen la paz pública".

El 24 de junio de 2015 se le dijo Fundamedios que "deje de intervenir en los asuntos políticos". Parte de la carta oficial afirma que: "Fundamedios demuestra una clara intención de erigirse como un actor político que busca generar suspicacias en la opinión pública sobre temas que no son de su competencia y sin una necesaria verificación de la información que publica."

Seguiremos emitiendo alertas le guste o no a la Secom, incluso si eso significa que nos cierren.
César Ricaurte, Director ejecutivo de Fundamedios

En respuesta, Fundamedios rechazó las acusaciones y declaró su intención de continuar su trabajo como de costumbre. César Ricaurte, Director ejecutivo de la ONG, dijo durante una rueda de prensa que "Fundamedios no es una organización partidista a favor o en contra de cualquier movimiento político en particular. Nosotros hacemos el trabajo que está en el interés público. Seguiremos emitiendo alertas le guste o no a la Secom, incluso si eso significa que nos cierren. Seguiremos trabajando desde nuestras casas".

Fundamedios no es la primera organización en Ecuador en ser víctima del decreto. En diciembre 2013 se clausuró una organización de derechos ambientales mediante el mismo decreto presidencial con el argumento de que varios de sus miembros habían supuestamente participado en una manifestación violenta.


Canadá

La situación de la libertad de expresión en Canadá también ha dado un giro hacia lo peor bajo el actual Primer ministro, quien ha estado en el cargo desde 2006. Medidas pequeñas, tales como limitar el número de preguntas que los periodistas pueden realizar al Primer ministro Harper, con exclusión de la información que puede ser compartida a través de las solicitudes AIP, y el control de las comunicaciones entre los ministerios y el público, que se han introducido durante los nueve años de Harper en la oficina del primer ministro, han erosionado lentamente el espacio para la libertad de expresión en la nación.

Una de las organizaciones en Canadá que abogan por el derecho a la libertad de expresión e información es el miembro de IFEX PEN Canadá. Se trata de una organización que practica lo que predica, criticando a la administración cuando es apropiado, y utilizando el Acceso a la Información para arrojar luz sobre las acciones del gobierno. Actualmente, Canadá está en un puesto relativamente bajo, en el número 59 de 102 países en la Clasificación Global de Derecho a la Información.

En enero de 2013, PEN Canadá presentó una petición de libertad de información para los documentos sobre las cartas que fueron enviadas a varias organizaciones benéficas registradas en Canadá, recordándoles acerca de las limitaciones en lo que atañe a la actividad política. En Canadá, las organizaciones que tienen carácter benéfico (incluyendo a PEN Canadá) no pueden gastar más de 10% de sus recursos en actividades políticas. Si se determina que más del 10% de su trabajo se dedica a actividades políticas, estas organizaciones pueden perder su estatus de caridad, y con él, la capacidad de emitir comprobantes fiscales a sus donantes. La definición de lo que constituye una actividad política es bastante nebulosa, y a muchas organizaciones a las que se les advertía acerca de que sus actividades eran políticas no se les dio explicaciones claras de por qué son señaladas. Esta fue la base de la solicitud de libertad de información de PEN Canadá.

Después de más de un año de comunicaciones con la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) y quejas presentadas ante el Comisionado de Información de Canadá acerca de la manera en que su solicitud estaba siendo manejada, el 9 de abril de 2014, PEN Canadá fue informado por la CRA que ellos también iban a ser auditados, y que la auditoría incluiría investigar su actividad política.

La Directora ejecutiva de PEN Canadá Tasleem Thawar dijo a IFEX que cuando ella le preguntó al CRA por qué habían sido elegidos para una auditoría, se le dijo que había un sin número de razones, desde una denuncia pública a una auditoría de rutina.

Durante unos dos meses antes de la auditoría, una cantidad significativa de tiempo se dedicó a la elaboración de lo que la CRA había pedido.
Tasleem Thawar, Directora ejecutiva de PEN Canadá

Ella agregó que el trabajo de prepararse para los auditores de la CRA era difícil y requería de mucho tiempo: "Somos una organización pequeña y no tenemos la capacidad adicional para hacer este tipo de trabajo. Como resultado, durante unos dos meses antes de la auditoría, una cantidad significativa de tiempo se dedicó a la elaboración de lo que la CRA había pedido." Ella dijo que al final el proceso de auditoría les robó capacidad para continuar su trabajo regular.

Además de esta interrupción a su trabajo, la organización tuvo que lidiar con la posibilidad de que perderían su estatus de caridad. En esto no están solos. Como los medios de comunicación canadienses han informado, PEN Canadá es parte de un creciente grupo de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional Canadá y el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, que han trabajado bajo la amenaza de perder su estatus, algunos de ellos con miedo de hablar por temor a que sus palabras influyan en el resultado de sus auditorías. En enero de 2015, Morir con Dignidad (Dying with Dignity) perdió su estatus de caridad. Fue el primer grupo en hacerlo desde que la CRA lanzó una serie de auditorías de actividad política en 2012.

Según Thawar, les dijeron en julio 2014 que el proceso de auditoría tardaría entre dos y tres meses, pero incluso iniciando el nuevo año, los resultados de la auditoría seguían sin conocerse.

Entonces, ¿dónde deja esto a Fundamedios, PEN Canadá, y tantas otras organizaciones en Ecuador y Canadá que han sentido el frío del silenciamiento por parte de sus gobiernos? En resumen, en el limbo. Mientras estos grupos pasan por el escrutinio y la incertidumbre, continúan su trabajo de promoción de la libertad de expresión, y la defensa de su propio derecho y el derecho de los demás a criticar las acciones y políticas de sus gobiernos.

Esta es una versión editada del artículo que se publicó originalmente el 24 de julio 2015.

Último tweet:

Our Digital Future: a report from @OpenMediaOrg about a crowsourced agenda for #free #expression https://t.co/5V3icllZxD