En entrevista con IPI, Wesley Gibbings, Presidente de la Asociación de Trabajadores de los Medios del Caribe, afirma que "La última consecuencia [de las leyes de difamación] sería el silencio, en el momento en el que la expresión es más necesaria".
(IPI/IFEX) – el 11 de junio de 2012 – Iniciando esta semana, el IPI emprenderá una misión de dos semanas en cuatro naciones del Caribe para insistir en la revocación de las leyes que penalizan la difamación. Entre el 9 y 22 de junio delegados del IPI visitarán Barbados, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago para reunirse con representantes del gobierno, medios de comunicación y la sociedad civil. Como parte de la alianza estratégica con la ACM, su Presidente, Wesley Gibbings, se unirá al IPI en Barbados.
IPI: Hablando en líneas generales, ¿cuál es el peligro inherente en las leyes penales de difamación?
Wesley Gibbings: No hay duda de que el miedo a la prisión o a una multa considerable puede tener un efecto escalofriante en la libertad de expresión. También creo que esas leyes no representan un balance legítimo entre la libertad de prensa y el derecho a la protección de la reputación.
IPI: ¿Por qué la difamación criminal es un asunto urgente, particularmente en el Caribe?
WG: El asunto es cada vez más urgente ya que los territorios del Caribe enfrentan una serie de retos sociales, económicos y ecológicos. Sus soluciones se derivan cada vez más de la opinión basada en la exigencia de un mayor control social que cree un sentido de orden y un ambiente sin restricciones para alcanzar el progreso social, económico y político.
IPI: ¿Ha sido aplicada recientemente alguna ley penal de difamación?
WG: En 1998 y 1999 se iniciaron dos procesos en Granada contra Stanley Charles (difamación sediciosa) y George Worme (delito de calumnia) por el para aquel entonces Primer Ministro Dr. Keith Mitchell. En 2005 también hubo un caso contra Lennox Linton, presentador dominicano residente en Antigua y Barbuda, por el último director de la Fiscalía del país. [Nota de la IPI: El caso de George Worme llegó al Privy Council, o Consejo Privado del Reino Unido, ente que ratificó las leyes penales de difamación de Granada]
IPI: ¿Cómo afectan estas leyes el trabajo de los medios de comunicación en el Caribe? ¿Cuáles son las consecuencias, particularmente para los periodistas de investigación?
WG: El espectro de los cargos por difamación penal no es tan inminente como las amenazas constantes de acciones civiles. Pero el hecho de que los parlamentos no hayan encontrado necesario sacarlo de la legislación indica que a los políticos, en particular, les encanta mantenerlo como parte de su arsenal contra una prensa inquisitiva en aumento y ciudadanos recalcitrantes.
IPI: ¿Cuáles son las últimas consecuencias de las leyes de difamación para la sociedad y para la democracia en el Caribe?
WG: Los periodistas del Caribe y las personas interesadas en expresar sus pensamientos y opiniones están forzados, por la amenaza de condena, a imponer un alto nivel de autocensura. La última consecuencia sería el silencio, en el momento en el que la expresión es más necesaria.
IPI: ¿Qué se puede ganar con la despenalización de la calumnia? ¿Cómo se beneficiaría la sociedad caribeña?
WG: Despenalizar el delito de calumnia acercaría a las sociedades del Caribe a las aspiraciones de los sistemas democráticos interamericanos que han señalado la amenaza que este tipo de leyes mantiene contra la libertad de expresión. En una sentencia del 2004, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictaminó que los procedimientos penales en uno de estos casos violaba la Convención Americana de los Derechos Humanos porque eran una “excesiva limitación para una sociedad democrática”.
IPI: ¿Cuál es el contexto histórico de estas leyes? Muchas de ellas son reliquias coloniales ¿No han sido seriamente analizadas previamente?
WG: La difamación penal existe en muchas jurisdicciones a lo largo del mundo y emerge de diversos contextos. El aspecto en común podría ser que existieron en el pasado para consolidar un estatus quo represivo y elitista. Todos los casos recientes en el Caribe emergen de las respuestas de los gobiernos. Esto debería indicarnos que la intención principal continúa siendo la misma.
IPI: ¿Qué sucede con la calumnia y la ética de los periódicos? Algunos podrían estar preocupados por lo que pueda acarrear la ausencia de las leyes de difamación penal, y que esto dé libertad a los periódicos de publicar reportajes maliciosos y falsos, quizá, por razones políticas.
WG: Nada de lo que he dicho sobre la difamación penal debe ser interpretado como la elaboración de un argumento con el que las personas no tendrían el derecho de iniciar un proceso en la corte para preservar sus reputaciones. Las cortes civiles estipulan recursos convenientes, si bien a veces desequilibrados. La ética de los periódicos estipula los estándares profesionales y la ley prescribe los estándares de la comunidad y las penalizaciones apropiadas. Sin embargo, eso no debería tener como consecuencia, bajo ninguna circunstancia, la criminalización de la libertad expresión.
IPI: ¿Cuál es la situación de la difamación civil en el Caribe? ¿Está usted preocupado porque la cantidad excesiva de juicios podría remplazar los casos penales de difamación como una forma de intimidar a los medios de comunicación?
WG: El abuso de los recursos de los juicios civiles existe claramente como un factor considerable para silenciar a los medios y a otros. El enfoque adecuado sería asegurar que los regímenes que existen para presionar a las personas no sean desequilibrados y no cierren los medios de comunicación, como fue el caso del periódico de George Worme, Grenada Today, siguiendo el éxito de la demanda civil paralela en su contra.