REGIONES:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

¿Está cambiando la marea en torno a la difamación penal en el Caribe?

En los recientes años, los grupos de libertad de expresión en el Caribe han estado exhortando a las Naciones individuales que deroguen las leyes de difamación penal. ¿Qué implican estas leyes para los medios de comunicación y otros?

Difamación penal. Se lanza mucho este término en los círculos legales y de libertad de expresión, pero ¿qué significa realmente? Para algunos, es una herramienta necesaria para el mantenimiento del orden público y la protección de los individuos contra campañas de difamación o acusaciones sin fundamento, pero para muchos otros es un instrumento que los individuos poderosos usan para silenciar a sus críticos. Wesley Gibbings, periodista y secretario general de la Asociación de Trabajadores los Medios del Caribe (ACM), ha señalado que con el aumento de la actividad en línea, "la amenaza de difamación penal no sólo debe ser una preocupación para los periodistas, sino para todos los ciudadanos que tienen un punto de vista - lo publiquen o no en sus cuentas de Facebook o Twitter o cualquier otra plataforma de medios sociales". Sobre el tema de la difamación penal en el Caribe, Scott Griffen, Director de Programas de Libertad de Prensa del Instituto Internacional de la Prensa (IPI), dijo a IFEX que "Gran parte de las leyes en la materia se remontan a la época colonial, y no sirven adecuadamente a las necesidades de la sociedad democrática; en algunas partes del Caribe angloparlante, siguen vigentes versiones de la ley de difamación inglesa de mediados del siglo XIX." En los últimos años, algunos grupos de libertad de expresión en la región han pedido a las Naciones individuales que deroguen las leyes de difamación penal. ¿Cómo estas leyes afectan a los medios de comunicación y otros en el Caribe?
Siga leyendo más abajo para averiguar qué es la difamación penal y cómo se utiliza en la región, y vea dónde se están debatiendo y reformando las leyes de difamación penal.


¿Qué es la difamación penal?

Según el diccionario Merriam Webster, difamación se define como: "El acto de decir cosas falsas con el fin de hacer que la gente tenga una mala opinión de alguien o algo: el acto de difamar a alguien o algo".
En los países que tienen leyes de difamación penal en los libros, a diferencia de los que sólo tienen leyes de difamación civiles, las personas pueden presentar cargos penales contra aquellos que creen han hecho declaraciones falsas sobre ellos. Mientras que las demandas por difamación civiles suelen dar lugar a multas monetarias, pero no tiempo en la cárcel, las demandas penales pueden dar lugar a penas de prisión y antecedentes penales para los condenados, y a menudo, esas personas son periodistas y otras personas que se atreven a criticar a la gente en posiciones de poder. En algunos países, la difamación penal también se conoce como injurias y calumnias, dependiendo de si el lenguaje aparece en forma impresa o hablada.

En la comunidad de la libertad de expresión, el castigo por el delito de difamación se considera generalmente desproporcionado. El miembro de IFEX ARTÍCULO 19 realiza campañas en contra de la difamación penal porque creen que tiene un "efecto duro sobre la libertad de expresión", y la amenaza de ser procesado penalmente puede desalentar a los periodistas a publicar información de interés público. Además de la amenaza de encarcelamiento, las personas y los medios de comunicación que están condenados por el delito de difamación también se han enfrentado a fuertes multas, y a los periodistas se les ha suspendido su derecho a ejercer el periodismo.

En 2002 una declaración conjunta por el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión establece que: "La difamación penal no es una restricción justificable de la libertad de expresión; todas las leyes de difamación penal deben ser abolidas y sustituidas, en su caso, con las leyes de difamación civil apropiadas".

Wikipedia/Kmusser


¿Por qué esto es un tema en el Caribe?

Las leyes de difamación penal en el Caribe han sido descritas como remanentes de la época colonial. La difamación penal se originó en la Inglaterra isabelina como medio para silenciar las críticas de las clases privilegiadas.
El IPI y la ACM lanzaron una campaña en 2012 para que los gobiernos de las Naciones del Caribe despenalizaran la difamación. En ese momento, todos los Estados independientes de la región tenían leyes penales de difamación en sus libros. Según Griffen, además de repeler estas leyes, la campaña de IPI también está dirigida "a la modernización de la ley de difamación en general en la región, para cumplir las normas internacionales sobre libertad de expresión." Cuando por primera vez puso en marcha la campaña, IPI sintió que la derogación de la legislación podría "suceder en el corto plazo". El movimiento ya estaba en marcha en la región y sentían que podían agregar su voz a los llamados existentes para el cambio.


¿Cuál es el impacto de las leyes de difamación penal en la región?

Las leyes de difamación penal en el Caribe han permitido la persecución de periodistas en muchos países, incluidos casos recientes en Haití, República Dominicana y Cuba.
En Haití, en 2008 el periodista Joseph Guyler C. Delva fue condenado a un mes de prisión supuestamente por difamar a un senador. En el mismo país en el año 2011, tres periodistas fueron acusados de difamación por su antiguo empleador, que afirmaba que estaban librando una campaña de desprestigio en su contra. Se enfrentaron a multas y una pena de prisión de tres años.

En 2012 en República Dominicana, el periodista radial Johnny Alberto Salazar fue condenado a seis meses de prisión y una multa de 1 millón de pesos (aprox. USD 22.000) por difamar a un abogado. En ese momento, Reporteros sin Fronteras dijo que sin importar si Salazar había en realidad cometido difamación o no, el castigo bajo el código penal seguía siendo desproporcionado. Su condena fue posteriormente anulada.

El periodista cubano Calixto Ramón Martínez Arias pasó siete meses en la cárcel tras ser declarado culpable por cargos de difamación criminal a finales de 2012. Fue arrestado y acusado por escribir acerca de los brotes de cólera y dengue en el país, a pesar de que el gobierno confirmó la epidemia pocos días después de que su historia fuera publicada.

Un informe de IPI de 2013 encontró que el Código Penal de Surinam reconoce no sólo la injuria y la calumnia bajo el paraguas de la difamación, sino también el insulto, que el autor del informe, el Dr. Anthony L. Fargo describió como "tan vago y vulnerable al abuso que debe ser eliminado". Bajo el código, las personas en Surinam condenadas por desacato hacia el gobierno enfrentan hasta siete años de prisión.

Los efectos más sutiles de estas leyes, como el silencio forzado de los que tienen miedo de hablar para no ser acusados, son más difíciles de calcular. Es imposible saber cuántas historias no han sido reportadas por miedo.

Primer Ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne, cuyo gobierno recientemente derogó la difamación
Primer Ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne, cuyo gobierno recientemente derogó la difamación

REUTERS/Andrew Kelly


¿Cómo se ve un futuro sin difamación penal?

República Dominicana aprobó un nuevo código penal a finales de 2014 que elimina las penas de prisión por difamación; si el periodista Johnny Alberto Salazar fuera condenado por difamación en la República Dominicana de hoy, no pasaría ningún tiempo en la cárcel. Sin embargo, la difamación sigue siendo considerada un delito y se castiga con multas significativas.
Griffen señaló que en cuanto a la concesión de una indemnización por haber sido difamado, IPI está presionando para que los Estados "pongan un tope a la cantidad de daños que puedan ser indemnizados, o al menos especificar que los daños deben ser proporcionales al perjuicio causado y los medios financieros del acusado."

Martina Johnson, una trabajadora de los medios de comunicación en Antigua y Barbuda, dijo a IFEX en julio de 2015 que dio la bienvenida a la reciente decisión de su país de despenalizar la difamación. "Ahora que la ley ha sido derogada y sustituida por la Ley de Difamación, una persona que es demandada por difamación sólo tendría que pagar daños y perjuicios si el juez considera que él o ella, de hecho, ofendió al reclamante."

Luego también dijo que a pesar de esperar menos efectos penosos sobre la libertad de expresión, la nueva ley aún tiene graves repercusiones para aquellos que son declarados culpables. Señaló que los periodistas tienen que seguir trabajando con la debida diligencia cuando se trata de verificar hechos y de investigar, ya que deshacerse de las leyes de difamación penal no significa que tienen carta blanca para escribir lo que quieran.


¿Qué se necesita hacer todavía?

De acuerdo con una visión general legal de IPI de las leyes de difamación penal en el Caribe, a partir de febrero de 2015, 14 de las 16 Naciones estudiadas aún tenían alguna forma de difamación penal en sus libros. Ese número se redujo a 13 después de que Antigua y Barbuda derogara la difamación en abril de 2015, uniéndose a Granada y Jamaica como el tercer país en despenalizar la difamación por completo. Trinidad y Tobago lo hizo parcialmente a principios de 2014.
Pero cambiar estas leyes puede ser un proceso lento y difícil, el gobierno de Antigua y Barbuda es un ejemplo de ello. En abril de 2013 el gobierno de ese país se comprometió a derogar el delito de difamación cuando se reunió con IPI durante una misión en la región. El actual primer ministro prometió, y falló, en derogarlo dentro de los primeros 90 días de su administración. A pesar de que tomó más de dos años para hacer valer la promesa, el país se ha librado por completo de la difamación penal.

En una reunión en Puerto España en 2012, las organizaciones de 10 países aprobaron una declaración que pide a los gobiernos de todo el Caribe que deroguen las leyes de difamación penal e injurias. Sin embargo, tres años más tarde, algunos gobiernos del Caribe aún deben trabajar con la prensa y la sociedad civil para cambiar sus leyes. Siguiendo los ejemplos de aquellas Naciones que han allanado el camino, deben reformar sus leyes para que la amenaza de cargos criminales ya no se cierna sobre las cabezas de los periodistas y los medios de comunicación.

Último tweet:

En #Mexico no solo atacan los narcos: Alcalde de Tuxtla Gutiérrez promueve campaña de desprestigio contra periodist… https://t.co/MiuJA8v4M7