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Radio comunitaria califica intento para investigarla como acto intimidatorio

(AMARC/IFEX) - En la noche del 22 de julio de 2008, personas diciendo ser funcionarios del Departamento de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) se presentaron en el Centro Cultural Pedro Maniqueo de la población La Victoria, en Santiago de Chile, lugar desde donde transmite la emisora comunitaria Radio Primero de Mayo. Según dijeron, el objetivo de la visita era fotografiar los equipos que hay en el lugar, pues "sabían que estaban transmitiendo".

De acuerdo a un comunicado público de la radio, la única persona que se encontraba allí les impidió la entrada, solicitó credenciales y les explicó que no podía dejarlos pasar ya que ella sólo se encontraba haciendo la limpieza del lugar. Los supuestos funcionarios presentaron credenciales de SUBTEL y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y hostigaron a esta persona por casi 20 minutos tratando de ingresar al local.

Leopoldo Sarmiento, director de la emisora, fue informado del hecho y se comunicó directamente con el encargado de la Oficina de Fiscalización de la Subsecretaría, Francisco Muñoz Mercado, para buscar explicaciones.

Muñoz Mercado aseguró que no se habían ordenado procesos de fiscalización en esa fecha, que el nombre de la persona que se identificó ante la emisora no existe dentro del registro de sus funcionarios y que sus vehículos cuentan con la patente y los logos autorizados de propiedad estatal.

Radio Primero de Mayo es una emisora comunitaria legal, acogida a la categoría de radio de mínima cobertura, único espacio legal que existe en la actual Ley de Telecomunicaciones para emisoras locales con contenidos sociales. Es conocida "por su compromiso social con los temas de la lucha del pueblo mapuche, la identidad de su comunidad y el seguimiento a las demandas de los trabajadores", según indica un comunicado de la propia radio.

Los integrantes de la emisora chilena han expresado su preocupación porque "esta situación se suma a una seguidilla de allanamientos, citaciones policiales y persecuciones a radios populares, que dentro o fuera del marco legal reciben presiones de autoridades y caciques locales de turno por entregar otra mirada noticiosa a la comunidad".

Estos hechos buscan intimidar a las emisoras comunitarias y afectan "gravemente el legítimo derecho a la comunicación de todos y todas los chilenos, el derecho a informarse libremente de los temas que los otros medios invisibilizan", aseguran.

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