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Instan a Chile adoptar nuevas leyes para los medios

El 17 de junio de 2013 Reporteros sin Fronteras presentó sus recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que examinará el caso de Chile en la 18a sesión del Examen Periódico Universal (enero-febrero de 2014), semanas después de la elección presidencial. En esta sesión se analiza el desempeño de los Estados miembros de la ONU en el área de derechos humanos y se les recuerda, dado el caso, sus responsabilidades en esta materia.

Reporteros sin Fronteras pide a Chile que adopte una nueva legislación que garantice un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación en el espacio de difusión. Una ley más igualitaria haría posible un verdadero pluralismo informativo, a través de la existencia de medios de comunicación comunitarios. Cerca de 95% de las publicaciones de prensa escrita se encuentran en manos de dos grupos de comunicación privados: El Mercurio y Copesa, mientras que alrededor de 60% de las estaciones de radio pertenecen al grupo de prensa español Prisa.

La organización pidió al Estado chileno que despenalice los delitos de prensa, en particular el de difamación, como lo hizo Argentina en 2009. El campo de aplicación de la Ley Antiterrorista de 1984 debe ser estrictamente delimitado, pues recientemente se le ha empleado de forma abusiva contra periodistas chilenos y extranjeros en la Araucanía (centro del país).

Reporteros sin Fronteras exhorta a las fuerzas del orden a respetar la integridad física y el trabajo de los periodistas, quienes con frecuencia son víctimas de abusos de la policía, al margen de los movimientos de protesta, y pidió al Ministerio del Interior que sancione a los responsables de eventuales exacciones.

La cobertura de ciertos temas –como la violación a los derechos humanos bajo la dictadura o la situación de los indios Mapuches– sigue siendo delicada. Por ello, la organización pidió al Estado que garantice la seguridad de los periodistas que los investigan, como Mauricio Weibel Barahona, víctima de hostigamiento y de robos después de que publicó un libro sobre la dictadura militar que contenía información de archivos desclasificados.

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