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Tecnologías para privacidad y la libertad de expresión

PATRICK LIN/AFP/Getty Images

Este informe fue publicado originalmente en derechosdigitales.org en diciembre de 2017.

Resumen Ejecutivo

Anonimato y cifrado son conceptos distintos, pero relacionados en el entorno digital. El anoni- mato consiste en ocultar la identidad del sujeto emisor de un mensaje (tanto en el nombre como en sus demás dimensiones), sin necesariamente ocultar el contenido de lo emitido. El cifrado del mensaje oculta su contenido, pero no necesariamente los datos de la comunicación misma que hacen identificable a quienes realizan el acto comunicativo. Para asegurar el derecho a la privacidad en la época de las tecnologías digitales, ambas técnicas deben actuar en conjunto.

El cuestionamiento al anonimato y al cifrado ha sido una parte fundamental de la agenda glo- bal contra la delincuencia organizada y el terrorismo, argumentándose que estas técnicas son utilizadas por criminales altamente capacitados en habilidades informáticas para coordinar su actuar.

La discusión entre los partidarios de comunicaciones anónimas e indescifrables y quienes bus- can establecer medidas tecnológicas que permitan romper el cerrojo del cifrado no es nueva, pero el debate acompaña al aumento en el uso de estas medidas. El escenario actual es uno de posiciones ubicadas en extremos opuestos: por un lado, las agencias estatales de investigación y persecución criminal y por el otro, las empresas de tecnología que se resisten a introducir vulnerabilidades a sus equipos para evitar comprometer la seguridad del tráfico en línea, además de dar tranquilidad a sus usuarios. Pero en ambos casos, se trata de estados desarrollados o empresas poderosas, con un importante control sobre los flujos mundiales tanto financieros como de información.

Organismos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión, han recalcado que el uso de herramientas de anonimato y cifrado son claves para tutelar adecuadamente el derecho a la privacidad y con ello garantizar otros derechos como la libertad de expresión.

Dentro de las medidas propuestas por los sectores que ven una amenaza en el uso de tecnologías de cifrado se encuentra introducir vulnerabilidades a los sistemas, solicitar copias de las llaves que permiten descifrar el contenido oculto y entregar capacidades técnicas y autorizaciones para romper el cifrado, a través de la fuerza bruta. Todas aquellas presentan riesgos diferentes, no solo a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios, sino que al tráfico seguro de la red, el que se vería expuesto no solo al ingreso de los funcionarios públicos autorizados para aquello, sino también a hackers y otros individuos con intenciones maliciosas.

Existen al menos tres intereses a considerar en la regulación de estas materias: la seguridad pú- blica, el derecho a la privacidad y la seguridad en los intercambios de información en línea. Por lo mismo, las soluciones deben equilibrarles en conjunto.

Se propone que se permita el acceso a contenidos o fragmentos de comunicación en específico previa orden judicial, resguardando así todos los intereses en juego, como también que se capaci- te a los funcionarios encargados de la labor de investigación, prevención y persecución delictiva para que estén en mejores condiciones de afrontar la actividad criminal digital, pudiendo prever y combatir esta última de forma más efectiva, eludiendo las acciones más gravosas respecto de la privacidad y otros derechos, recurriendo a las medidas de acceso como último recurso. Muy especialmente, se rechaza la noción de la introducción de vulnerabilidades, así como también la acción de hackeo por parte del estado destinada a la obtención de información tanto sobre la identidad de las personas como sobre el contenido de sus comunicaciones.

Chile se encuentra en un contexto latinoamericano donde, afín a la tendencia regional, se mues- tran una tendencia a disminuir los ámbitos de anonimato digital, aun cuando, por regla general, no se encuentra prohibido. Si bien en el proceso de la Política Nacional de Ciberseguridad de Chile se reconoce el valor de la criptografía, las acciones gubernamentales tendientes a dismi- nuir la capacidad de sostener comunicaciones de forma anónima han mantenido fuerza.

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