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Teléfonos de periodistas ilegalmente interceptados por policía nacional

(CPJ/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa del CPJ, con fecha del 15 de mayo de 2007:

El CPJ insta a Colombia a investigar intervención a teléfonos de periodistas

Nueva York, 15 de mayo del 2007 - El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hizo un llamado hoy a las autoridades colombianas a investigar en profundidad la intercepción ilegal de las líneas de teléfono de periodistas. El gobierno reconoció el lunes que la policía nacional había escuchado ilícitamente las conversaciones telefónicas de funcionarios públicos, integrantes de la oposición y periodistas.

"Estamos muy preocupados por la supuesta intercepción ilegal de los teléfonos de periodistas en un momento tan crucial para la política colombiana", declaró el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. "El miedo a la vigilancia puede tener un efecto negativo para la prensa colombiana, que trabaja ya en un ambiente de autocensura generalizada".

El tema surgió gradualmente después de que la revista Semana informara la semana pasada sobre conversaciones interceptadas que mostraban como líderes de grupos paramilitares continuaban participando en actividades ilegales desde cárceles de máxima seguridad. El gobierno indicó el lunes que personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) había interferido ilegalmente las conversaciones y las había filtrado a Semana. En este comunicado, el gobierno reveló también que durante más de dos años, personal de la Dipol había grabado las conversaciones de personas que no estaban siendo investigadas, "entre quienes se encuentran miembros del Gobierno, de la oposición y periodistas".

El gobierno del presidente Álvaro Uribe condenó este procedimiento como "totalmente inaceptable, ilegal y contrario a la política del gobierno". El gobierno ordenó una investigación interna mientras que el director de la policía nacional, el General Jorge Daniel Castro, y el director de la central de inteligencia de la policía nacional, el General Guillermo Chaves, debieron renunciar.

Hollman Morris, periodista independiente y productor del programa de noticias semanal "Contravía" que aparece en la estación de televisión Canal Uno, señaló al CPJ que piensa que sus líneas telefónicas figuran entre las que han sido intervenidas. En una carta de septiembre del 2006, revisada por el CPJ, el director de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá advirtió a Morris que su línea de teléfono había sido manipulada. La carta indicaba que no se podía determinar si se pretendía interceptar las conversaciones. Morris presentó una denuncia ante la policía nacional pidiendo que se investigara el incidente. En octubre recibió una respuesta de la policía, también examinada por el CPJ, afirmando que sus líneas telefónicas no eran objeto de intervención alguna. Morris, conocido por sus informes investigativos sobre el conflicto armado en Colombia, ha sido amenazado y acosado desde el 2005.

Las acusaciones de intervención de teléfonos llegan en un momento crítico para el gobierno de Uribe. El lunes, 20 políticos y empresarios fueron detenidos por acusaciones de conspiración tras descubrir lazos entre ellos y líderes paramilitares, informó la Associated Press. Las detenciones aumentan a 14 el número de funcionarios implicados en lo que se ha llamado el escándalo de la "para-política".

El 15 de marzo del 2005, el Presidente Uribe se reunió con una delegación del CPJ y expresó su apoyo a los periodistas que informan sobre corrupción, al enfatizar que cualquier funcionario que interfiera con el trabajo de la prensa "está cometiendo un crimen contra la democracia, y eso es gravísimo".

El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.

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