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Gobierno intenta suspender protección para periodista a pesar de orden recién de asesinato y amenazas paramilitares

(RSF/IFEX) - RSF está muy preocupada por las amenazas que recibe Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor (un medio de comunicación de Equipo Nizkor, organización de defensa de los derechos humanos) y consultora de UNICEF. El Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos (CRER), dependiente del Ministerio del Interior, suspendió, el 29 de agosto de 2007, las medidas de seguridad del que ella se beneficiaba desde 2003. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó, el 18 de octubre, el restablecimiento del dispositivo. El 24 de octubre se le adjudicaron de nuevo a la periodista un escolta de confianza y un vehículo blindado. Sin embargo, persiste un desacuerdo relativo al peligro que corre la interesada, y que debe volver a discutirse el 8 de noviembre con las autoridades competentes.

"Especialista en derechos humanos, Claudia Julieta Duque es por definición una periodista expuesta a un peligro muy alto, desde hace cerca de diez años. Su caso es muy conocido. Es normal que una evaluación del riesgo presida la concesión de protección para un profesional de los medios de comunicación, pero nadie puede rebatir la necesidad de un dispositivo a la altura de los peligros que corre Claudia Julieta Duque. Por esta razón, y a la vista de las últimas amenazas que ha recibido, pedimos al Ministerio del Interior que adopte todas las medidas adecuadas para el 'máximo riesgo'. También pedimos que se efectúe una investigación en profundidad que determine el origen de las amenazas en cuestión y que la periodista conozca los informes de inteligencia en su contra. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y Claudia Julieta Duque manifiestan la existencia de informes de inteligencia que pondrían en riesgo su ejercicio como defensora de derechos humanos", ha declarado RSF.

La persecución de Duque comenzó cuando se interesó por las irregularidades en la investigación sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. La periodista sospechó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había manipulado algunas piezas del caso. Emiro Rojas Granados, antiguo subdirector del servicio de inteligencia, presentó una denuncia contra ella, por "injurias" y "calumnia". Amenazada, víctima de un secuestro y un robo, Duque se vio obligada a abandonar en país en dos ocasiones. La periodista sospecha que los servicios de seguridad del Estado estaban en el origen de esas intimidaciones. Considerada entonces en situación de "máximo riesgo", a Duque se le incluyó, en diciembre de 2003, en el programa de protección de periodistas.

Las amenazas a la periodista, dirigidas también a su hija de trece años, se reprodujeron a su regreso a Colombia, en febrero de 2006. En marzo de 2007 advirtieron a la periodista que se había dictado una orden de asesinato, contra ella. En el mes de julio se recibieron amenazas, por correo electrónico, en la organización Equipo Nizkor, con la firma del grupo paramilitar "Aguilas Negras".

El 25 de octubre, Claudia Julieta Duque envió una carta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informándole de su situación y pidiéndole que interceda ante el DAS y el Ministerio del Interior. En esa carta, de la que RSF ha recibido una copia, Claudia Julieta Duque subraya el reciente empeoramiento de la situación de la libertad de prensa en Colombia, y entre otras cosas los exilios forzosos de periodistas.

Siguen siendo muy tensas las relaciones entre los medios de comunicación y la cumbre del Estado. Tan solo a lo largo del mes de octubre el presidente Alvaro Uribe ha denostado públicamente a tres periodistas que, por otra parte, están amenazados: Gonzalo Guillén, corresponsal en Colombia del diario norteamericano en lengua española "El Nuevo Herald", que ahora ha salido del país; Daniel Coronell, director de información del canal público de televisión Canal Uno y editorialista de la revista "Semana"; y, el 25 de octubre, y por segunda vez en 2007, Carlos Lozano, director del semanario "Voz", acusado de estar a sueldo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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