En lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) califican como una importante victoria contra la impunidad en Colombia, un ex alcalde fue sentenciado a 28 años de cárcel por ordenar en el […]
En lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) califican como una importante victoria contra la impunidad en Colombia, un ex alcalde fue sentenciado a 28 años de cárcel por ordenar en el año 2003 el asesinato de un periodista que lo había denunciado por corrupto. Es la primera vez desde 1992 que el autor intelectual del asesinato de un periodista en Colombia es condenado y encarcelado, dice el CPJ.
El 13 de enero, en un tribunal en el departamento de Santander, el ex alcalde Julio César Ardila Torres estaba entre los tres ex funcionarios públicos condenados por el asesinato, cometido en abril de 2003, de José Emeterio Rivas, un locutor en Radio Calor Estéreo en Barrancabermeja, Santander.
La fiscalía dijo que Rivas fue muerto en represalia por acusar públicamente al alcalde Ardila de corrupción y colaboración con miembros del grupo paramilitar derechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un ex colega de Rivas informó a la FLIP que en la ciudad se sabía de la participación del alcalde en la muerte de Rivas. «Lo que nos sorprendió es que haya sido sentenciado, puesto que se dijo que saldría», dijo.
«Esta decisión judicial es un logro pequeño pero importante en la lucha contra la impunidad», dijo Carlos Cortés Castillo de la FLIP, quien señala que en Colombia, más de 100 periodista han sido muertos en los últimos 20 años, pero el caso de Rivas sólo es el segundo en el que los autores intelectuales han sido condenados.
(El otro caso es el del humorista y periodista Jaime Garzón. Su asesinato en 1999 fue ordenado por el líder paramilitar Carlos Castaño, quien fue condenado por ser el autor intelectual de la muerte de Garzón pero desapareció en 2004 y se cree que fue asesinado por su propia gente).
El presidente de la SIP Enrique Santos Calderón subrayó que «la decisión del poder judicial colombiano en este caso envía un mensaje de que la impunidad, que ha generado violencia por muchos años, se debe erradicar». Según el CPJ, Colombia tiene la tasa más alta de asesinatos sin resolver per cápita en el continente americano.
La FLIP dice que los avances en el caso se debieron en parte debido al Proceso de Justicia y Paz, una ley aprobada por el presidente colombiano Álvaro Uribe en 2005 que da a los miembros de grupos armados ilegales importantes reducciones de sentencias a cambio de confesar plenamente sus crímenes y desmovilizarse.
Ardila y los otros dos funcionarios se habían enfrentado a acusaciones en el caso desde septiembre de 2003 pero la investigación se abandonó el año siguiente. No fue hasta el año 2007, cuando el combatiente paramilitar desmovilizado Pablo Emilio Quintero Dodino confesó haber baleado a Rivas por órdenes de los funcionarios locales, que una vez más se les consideró sospechosos. Quintero, un ex miembro de las AUC, prestó declaración durante una audiencia de «Justicia y Paz». Fue condenado por participar en actividades paramilitares pero no por el asesinato en sí.
«El caso de Rivas elevó las expectativas de verdad y justicia en los delitos contra periodistas, aunque hay un largo camino por recorrer», dice la FLIP. En 2007, los combatientes paramilitares desmovilizados confesaron su participación en el asesinato de Efraín Varela en 2002 y el asesinato en 2004 de Martín La Rotta Duarte. Los autores intelectuales no han sido condenados en ninguno de los casos, aunque la participación de funcionarios públicos en esos asesinatos es un secreto a voces.
La FLIP también dice que las condenas confirman la fuerte influencia que las fuerzas paramilitares tenían y siguen teniendo sobre las administraciones locales y periodistas, así como su participación en las muertes de varios periodistas. En las áreas rurales de Colombia, por ejemplo, los periodistas siguen con temor de la presencia de paramilitares, a pesar de las garantías del Gobierno de que fueron desmovilizados.
Según la FLIP, la defensa está planeando apelar la decisión, lo que posiblemente prolongue el proceso «por años».
Visite estos vínculos:
– FLIP: http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=341
– Opinión de la FLIP en el sitio web del CPJ: http://tinyurl.com/bfrx2d
– SIP: http://tinyurl.com/be56ez
– Proyecto Impunidad de la SIP: http://tinyurl.com/bktmd5
– CPJ: http://ifex.org/es/content/view/full/100269
(Foto de José Emeterio Rivas, cortesía de El Tiempo)
(28 de enero de 2009)