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Periodista obligado a salir del aire por órdenes del alcalde local

(FLIP/IFEX) - José Manuel Díaz Barrios, periodista del programa "Tribuna Educativa" que se transmite por la emisora comunitaria Radiograma Estéreo, denunció que el alcalde de Ariguaní, Rivelino Mendoza Ballestas, lo obligó a salir del aire a raíz de las denuncias que el comunicador estaba realizando sobre corrupción, mal manejo del sistema educativo y problemas en el suministro de servicios públicos en ese municipio.

Desde hacía varios meses el Alcalde había hecho descalificaciones públicas del periodista y le había exigido que dejara de criticar su gestión en su programa de radio. Posteriormente, el 15 de febrero de 2009, Díaz fue notificado por Ronin Ríos Liñán, propietario de la emisora y actual concejal municipal, que no podía ingresar a las instalaciones de ésta. Ríos le explicó al periodista que el mandatario Mendoza le había exigido la salida del aire de Díaz o de lo contrario la Alcaldía suspendería la pauta publicitaria a la estación radial y no haría entrega de unos equipos que serían donados.

Según lo manifestó Díaz a la FLIP, la represalia del Alcalde se originó en las críticas que realizó a esa administración porque "los ciudadanos hace meses no consumen agua potable, mientras otros se ahogan entre la basura y muchos más no ven un buen gobierno".

La FLIP intentó comunicarse con Ríos y el alcalde Mendoza. Sin embargo, fue imposible contactarlos.

Por su parte, Albert Díaz Rivera, representante en Ariguaní de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y compañero de Díaz en "Tribuna Educativa", confirmó a la FLIP que el comunicador fue expulsado arbitrariamente del espacio radial por orden del alcalde, debido a sus fuertes críticas contra la administración.

Por último, el periodista expresó su temor por los riesgos que puede correr su integridad personal, pues aseguró que en varias oportunidades extraños motorizados han rondado su residencia y han dejado panfletos insultantes bajo la puerta.

La FLIP ve con preocupación estos hechos que constituyen una violación a la libertad de prensa. La censura de contenidos está prohibida abiertamente por la Constitución Nacional y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En este sentido, la FLIP exhorta al mandatario local para que responda a estas denuncias y explique si está usando los recursos de su municipio para "castigar" periodistas, y si usa un alto cargo para intentar cerrar espacios periodísticos.

Así mismo, la fundación hace un llamado a las autoridades locales para que le brinden protección al comunicador.

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