La SIP presenta los resultados de su investigación de los procesos judiciales de los asesinatos de periodistas en los últimos 16 años.
(SIP/IFEX) – Miami (25 de febrero de 2010) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó avances en la lucha contra la impunidad que rodea los crímenes de periodistas en Colombia en 2009, al ser condenados cinco autores materiales en tres casos ocurridos entre 2001 y 2007.
Sin embargo, al mismo tiempo, la SIP mostró su preocupación porque en 16 años solo se han dictado 24 sentencias condenatorias en 15 de los 59 asesinatos que habrían tenido como móvil la actividad periodística. De las 24 condenas, solo una fue dictada contra un autor intelectual.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, saludó por un lado «los esfuerzos del último año en Colombia para procesar a los asesinos de periodistas», pero contrastó que «pese a la disposición de las autoridades para que estos crímenes no queden impunes, se observan pocos resultados».
Aguirre, subdirector de «Diario Las Américas», de Miami, acotó que «es importante mantener el ritmo de 2009 en la resolución de otros casos para demostrar que la aplicación de justicia es necesaria, posible y efectiva».
Un estudio de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en Colombia, analizó el estado de los procesos judiciales descubriendo que 16 de los 59 asesinatos por razones de oficio, están archivados, suspendidos o se encuentran en distintas fiscalías alrededor del país. Asimismo, se detectó que otros 26 casos continúan en etapa de indagación preliminar, pese a que los crímenes ocurrieron hace varios años, lo que demora aún más la aplicación de la justicia.
El estudio reveló que de los 131 asesinatos de periodistas ocurridos entre 1993 y 2009, sólo 59 estarían ligados al ejercicio profesional; mientras que en 22 casos no se han logrado establecer sus causas y que 50 habrían ocurrido por razones distintas a la actividad periodística.
Un elemento significativo en la lucha contra la impunidad es que 10 casos están en vías de esclarecerse, a raíz de confesiones hechas por paramilitares de la AUC en el marco de la ley de Justicia y Paz, que otorga beneficios penales a quienes provean información sobre los asesinatos contra periodistas.