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Panfletos amenazadores atacan a los medios

"Sigan apoyando a los perros de izquierda pa' matarlos uno como a ellos y saben váyanse de la ciudad". Así dice un panfleto que llegó de forma anónima a una estación de radio en Barrancabermeja, Colombia, en lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) califica como un nuevo método de intimidación de la prensa.

El 31 de enero, el panfleto llegó a las oficinas de Antena del Río 780 AM en Barrancabermeja. Se cree que está dirigido a la Asociación Rural de Valle del Río Cimitarra (ACVC), que produce un programa de radio que se difunde dos veces al día y que se concentra en las infracciones a los derechos humanos en la zona.

En todo el país, en el departamento de Valle del Cauca, los activistas de derechos humanos y periodistas fueron declarados "blancos militares" en un panfleto distribuido en los alrededores de Cartago el 4 de febrero. Entre otros estaban en la lista los periodistas Luis Fernando Gil, del programa de TV "Hora 13", Raúl Parra, director de la publicación "La hoja de parra", y Héctor Fabio García de la estación de radio Cartago Estéreo.

El aviso, que se cree que se originó en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pone precio a la cabeza de cada persona nombrada y pide "colaboración" de las AUC para "hacer su parte", presumiblemente cumplir las amenazas.

Según Gil, el aviso fue apenas uno de una serie de panfletos que atacan a los mimos periodistas que han estado circulando desde octubre de 2009. Todas las amenazas han quedado impunes. "Estos avisos siempre llegan después de que nos reunimos con funcionarios locales, o cuando cubrimos noticias sobre acciones de los sindicatos"; aclaró.

Gil, quién está bajo un plan de protección creado por el ministerio del Interior, dice que teme por su familia tras las amenazas. Otras personas nombradas están pensando en salir de la ciudad, agregó.

Recientemente, la FLIP informó de volantes amenazadores que se distribuyeron en diversas partes del país, específicamente los departamentos de Atlántico, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, y ahora Santander. Debido a la dificultad de rastrear las amenazas y la falta de voluntad de las autoridades para investigarlas, casi todas las amenazas quedan impunes, afirma la FLIP.

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