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Periodista colombiana enfrenta denuncia penal por sus columnas de opinión

ACTUALIZACIÓN: Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstiene de denunciar a la periodista Cecilia Orozco (FLIP, 27 de agosto de 2012)

(FLIP/IFEX) - el 24 de agosto de 2012 - El 23 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un comunicado en el que anuncia la próxima denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia contra la periodista Cecilia Orozco, por su columna de opinión publicada en El Espectador donde cuestiona algunas decisiones de esa Sala, y califica de "tendenciosas" las opiniones que, sobre dicha corporación judicial, publicó la periodista María Jimena Duzán en la revista Semana.

Algunas decisiones de la Sala Penal de la CSJ a lo largo de 2012 en casos de congresistas y extradiciones, así como la reconfiguración de algunos cargos internos, fueron el insumo sobre el cual las periodistas Orozco y Duzán decidieron publicar en sus habituales espacios de opinión.

Es evidente que los asuntos de esta Sala son de un alto interés público y ha sido el Poder Judicial colombiano quien ha incorporado estándares internacionales de libertad de expresión. Por eso desconcierta que sean los propios Magistrados quienes minimicen el alcance de este derecho que garantiza y robustece un diálogo abierto y democrático sobre temas que le afectan a la sociedad.

Recordemos que en Colombia se "protegen tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono", como lo ha dicho la Corte Constitucional.

En éste orden, resulta por lo menos contradictorio que en el mismo comunicado se afirme que "la Sala no desconoce que se trata de columnas de opinión, merecedoras del más absoluto respeto de parte de la comunidad, por ser expresión del derecho fundamental a opinar", afirmación que pierde sentido si no se tiene en cuenta que el estándar de protección internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que "la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo".

La FLIP recuerda que en una sociedad democrática, los funcionarios públicos, incluyendo los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, están más expuestos a la crítica y al escrutinio del público.

Es grave que los funcionarios acudan a las acciones judiciales para controvertir asuntos que deben ser el centro de deliberaciones públicas.

La FLIP ha registrado varios casos en el país donde políticos, militares, jueces y empresarios, entre otras personalidades que influyen en el acontecer de la sociedad, han denunciado a periodistas por injuria y calumnia cuando se sienten afectados por publicaciones que están en el marco de la libertad de expresión.

Recordemos que en mayo de 2012 fue presentado un recurso de casación, precisamente ante esta Sala Penal, por la condena a prisión del periodista Luis Agustín González por el delito de injuria. La Corte Suprema no ha resuelto la admisibilidad del recurso presentado por el periodista.

Esta comunicación de la Sala Penal de la CSJ desde ya condiciona la actuación del fiscal y el juez que vayan a conocer el caso de Orozco, pues es la máxima autoridad judicial penal.

La FLIP hace un llamado a la Sala Penal de la CSJ y le sugiere respetuosamente reconsiderar su postura y, en aras de garantizar el libre flujo de ideas, le invita a que comparta en el debate público sus discrepancias con las opiniones de las columnistas Duzán y Orozco.

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