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Los casos de asesinatos de periodistas quedan impunes en Colombia

Reporteros sin Fronteras pide al Estado colombiano y a la Fiscalía General de la Nación que tome todas las medidas necesarias para ampliar el plazo de prescripción de las acciones penales por el asesinato del periodista Nelson de la Rosa Toscazo, que vence el 3 de agosto de 2013. Este fotógrafo del diario El Universal fue asesinado en Cartagena, departamento de Bolívar (norte), el 3 de agosto de 1993.

En Colombia los casos de asesinato de profesionales de la información registrados antes del año 2000 prescriben veinte años después de que fueron cometidos. Si no se hace nada de aquí a finales del año, otros homicidios podrían quedar en la impunidad para siempre, como los de los periodistas de radio Manuel José Martínez

Espinosa (cometido el 28 de septiembre de 1993), Eugenio Orejuela Micolta (18 de noviembre de 1993) y Danilo Alfonso Baquero Sarmiento (26 de diciembre de 1993).

"Corresponde a la justicia colombiana investigar todos los asesinatos de periodistas, aunque hayan sido cometidos hace veinte años, para que se identifique y se juzgue a los responsables. El Estado debe luchar contra la impunidad no sólo por las familias de las víctimas –que tienen el derecho de exigir la verdad y que se haga justicia– sino también para garantizar el respeto de la libertad de información", señaló Reporteros sin Fronteras.

"Como sucedió en los casos de José Eustorgio Colmenares Baptista y Guillermo Cano, estos asesinatos deben ser considerados crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo al derecho colombiano e internacional, para evitar que caigan en el olvido. La prescripción de estos delitos es una trágica garantía de que la impunidad se perpetuará”, agregó la organización. "Si bien la imprescriptibilidad de un crimen constituye un avance, esta calificación no puede ser una legitimación jurídica a la inactividad de las entidades encargadas de encontrar y juzgar a los perpetradores de estos crímenes.”

Los homicidios de los periodistas Gerardo Didier Gómez y Carlos Lajud Catalán –asesinados el 11 de febrero y el 19 de marzo 1993, respectivamente– prescribieron a inicios del año 2013, como sucede en la inmensa mayoría de los casos.

El 11 de marzo de 2013 la Fiscalía Primera Especializada de Cúcuta declaró “delito de lesa humanidad” el asesinato de José Eustorgio Colmenares Baptista, director del diario La Opinión de Cúcuta –cometido el 12 de marzo de 1993–, volviéndolo así “imprescriptible". Esta declaración parece un reconocimiento de la violencia ejercida contra los periodistas durante el conflicto armado, en particular de 1990 a 1995. En 2010 la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación también declaró crimen de lesa humanidad el asesinato de Guillermo Cano (cometido en 1986).

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