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Cobertura de negociaciones con las FARC bajo alta vigilancia en Colombia

Frente a la revelación de un nuevo caso de espionaje a periodistas, Reporteros sin Fronteras pide al gobierno de Juan Manuel Santos y a los miembros de las fuerzas armadas, tanto en ejercicio de sus labores como jubilados, que respeten incondicionalmente el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.

El 8 de febrero de 2014 la cadena de televisión Univisión dio a conocer que una célula de inteligencia militar (hackers), dirigida al parecer por el gobierno colombiano, interceptó más de 2.600 correos electrónicos intercambiados entre los portavoces de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y periodistas colombianos y extranjeros desde la reanudación de las negociaciones de paz entre las autoridades colombianas y las FARC, a inicios de 2014. Numerosas agencias de noticias, como la Agence France-Presse (AFP), The Associated Press (AP), la agencia española EFE, Reuters y la Deutsche Presse-Agentur (DPA), fueron objeto de esta vigilancia, al igual que medios de comunicación colombianos como Radio Caracol, los periodicos El Tiempo y El Turbión y el noticiero televisivo Noticias Uno. Todos los periodistas que fueron víctimas de este espionaje estuvieron en contacto con Hermes Aguilar y Fernando Salcedo, dos portavoces de las FARC responsables de las negociaciones de paz, llevadas a cabo en La Habana.

Esta vigilancia constituye una clara violación del secreto de fuentes –comparable a la obtención de los registros telefónicos de la AP en mayo pasado– y afecta de forma directa la capacidad de los periodistas de investigar temas delicados de interés general. El secreto de las fuentes periodísticas está garantizado por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

“¿Las autoridades colombianas no aprendieron nada del 'Dasgate'? Pese a los procesos legales que están en curso, parece que el dispositivo de alta vigilancia establecido bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe no ha sido desmantelado, lo que constituye una falta de respeto de las autoridades al trabajo de informativo realizado por los periodistas. Reporteros sin Fronteras pide que el gobierno colombiano tome medidas concretas para poner fin a estas prácticas. Solicitamos que se cree una comisión de investigación en el Parlamento para determinar quiénes son los responsables y que en adelante se pueda prevenir todo espionaje a los periodistas por parte del poder”, señaló Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras.

Por desgracia, no es el primer intento de las autoridades colombianas. El escándalo de las Chuzadas (espionaje telefónico) que estalló en 2010 aún está muy presente en la memoria. Decenas de periodistas, agencias de prensa y organizaciones no gubernamentales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y OXFAM Solidaridad, interpusieron una denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe por la vigilancia, las amenazas y las escuchas ilegales de las que fueron víctimas bajo su doble mandato (2002-2010). Hasta ahora estos juicios no han concluido y las múltiples exacciones cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad contra la libertad de la prensa colombiana y extranjera siguen impunes. Única excepción: la apertura de una investigación tras varias denuncias penales interpuestas desde 2003 por Claudia Julieta Duque, periodista local de la radio Nizkor, quien fue víctima de tortura psicológica. Sin embargo, el juicio no ha comenzado oficialmente.

Por otra parte, Reporteros sin Fronteras expresa su gran preocupación por la constante presión que ciertos grupos de exmilitares continúan ejerciendo sobre los periodistas y los medios de comunicación que cubren casos políticos o desarrollan investigaciones de esta naturaleza.

En una entrevista que el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, Jaime Ruiz Barrera, concedió el 18 de febrero pasado a la radio RCN, la periodista Vicky Dávila expresó su preocupación respecto a las declaraciones hechas por el exmilitar, quien asoció las investigaciones periodísticas a “campañas mediáticas de denigración” y dijo que había periodistas “insidiosos, dañinos” que manejan temas “mal intencionadamente” favoreciendo el juego de las fuerzas oscuras y de las FARC contra el gobierno.

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