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Inicia juicio contra autores de tortura psicológica contra periodista colombiana

Este artículo fue publicado originalmente en flip.org.co el 23 de junio de 2015.

Mañana, 24 de junio de 2015, está programada, por el juzgado segundo penal especializado de Bogotá, la audiencia preparatoria contra el ex subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, y contra los ex directores de Inteligencia de ese organismo, Giancarlo Auqué de Silvestri y Enrique Alberto Ariza Rivas, los dos últimos se encuentran prófugos de la justicia.

Los ex funcionarios del DAS están siendo procesados por los delitos de tortura psicológica y amenazas contra la periodista Claudia Julieta Duque. Sin embargo, tanto Auqué como Ariza se encuentran en libertad a pesar de existir una orden de captura vigente contra ellos. Frente a esto, las autoridades policiales y el CTI no han hecho los esfuerzos suficientes para hacerla efectiva y la situación riñe con lo absurdo si se tiene en cuenta que uno de los acusados, Auqué, está en disposición de ser capturado y lo ha manifestado a las autoridades. Por su parte, Ariza continúa en Estados Unidos sin que las órdenes de la Fiscalía para expedición de circular roja de la Interpol o las solicitudes de extradición del juzgado, a través de la Cancillería, se hayan hecho efectivas.

Desde que iniciaron los avances en la investigación del caso de la periodista Duque, ella y su abogado han sido víctimas de intimidaciones y seguimientos, los últimos entre enero y marzo de 2015 y sobre los cuales se alertó tanto a autoridades internas como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dada la relevancia del caso de Claudia Julieta Duque, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) solicita a las autoridades extremar las medidas para garantizar la seguridad de la periodista, su familia y su abogado.

La FLIP espera que el juicio se lleve con rigurosidad, efectividad y esté rodeado de garantías procesales para todas las partes e intervinientes. Es necesario que las autoridades garanticen la protección de los operadores judiciales y testigos del caso.

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