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Cuba: 16 casos de periodistas agredidos entre enero y febrero de 2018

La policía no permite a unos ciudadanos y periodistas acercarse a un mauseleo con los restos de Fidel Castro en el Cementerio Santa Ifigenia, Santiago de Cuba, Cuba, el 4 de diciembre de 2016
La policía no permite a unos ciudadanos y periodistas acercarse a un mauseleo con los restos de Fidel Castro en el Cementerio Santa Ifigenia, Santiago de Cuba, Cuba, el 4 de diciembre de 2016

Chip Somodevilla/Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 6 de abril de 2018.

16 periodistas y defensores de DDHH han sido víctimas de agresiones en Cuba durante enero y febrero de 2018, según la Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba.

En su informe anual de 2017, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión remarcó su preocupación ante las "restricciones ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba y acciones estatales dirigidas a inhibir o castigar -a través de la justicia penal- expresiones y posiciones críticas del oficialismo". "De particular preocupación resulta el continuo incremento de una persecución selectiva y deliberada en contra de medios y organizaciones independientes que difunden información por fuera del control del Estado y opiniones sobre temas de interés público".

Aunque la Asociación Pro Libertad de Prensa de Cuba contabilizó la cifra alarmante de 16 periodistas agredidos en los dos primeros meses de 2018, hay indicios, según comunicado de prensa de esta organización, de que pueden ser más.

Iris Meriño García, periodista de la revista La Hora de Cuba, provincia Camagüey, fue citada oficialmente el 1 de enero a la estación policial de la Ciudad de Camagüey por agentes de la Policía Política. Mantenida bajo interrogatorio tres horas, fue advertida de que si continúa ejerciendo el periodismo tendrá que afrontar las consecuencias. La periodista fue citada nuevamente para el siguiente día (2 de enero) al mismo lugar, aunque los agentes no se presentaron.

Fotorreportero para distintos medios en el exterior, Alejandro Hernández Rodríguez fue arrestado el 5 de enero por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la calle Monte, municipio Centro Habana, La Habana, cuando tomaba fotografías en un lugar público para un reportaje. Fue trasladado al centro de reclusión conocido como el Vivac, en el municipio Boyeros.

El Director de la revista La Hora de Cuba, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) parta la región del Caribe, Henry Constantín, recibió el 9 de enero prohibición de salir de su hogar por parte de la Policía Política debido a una posible visita del general Raúl Castro Ruz a la ciudad de Camagüey.

El 10 de enero, Manuel Alberto Morejón Soler, periodista de la Página Digital Primavera, y coordinador del Centro Digital de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), fue citado oficialmente para la estación policial de Zapata y C, barriada del Vedado. Dos agentes de la Policía Política lo interrogaron durante dos horas aproximadamente sobre sus actividades religiosas (es pastor) y su labor dentro de la APLP.

Daniel Domínguez Oliva, director de la agencia Amanecer Habanero, fue arrestado el 15 de enero en la vía pública por agentes policiales, conducido a la estación policial conocida como Dragones y Zulueta, Habana Vieja, e interrogado por la Policía Política durante varias horas, conminado a dejar sus actividades periodísticas. Mantenido en calabozo por cerca de 20 horas.

Arrestado en la vía pública por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cuando repartía en el municipio Centro Habana boletines de su órgano de prensa que reflejaban incidencias sociales, Julián Guillermo Espinosa, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), fue conducido el 16 de enero a la estación policial de Zulueta y Dragones ubicado en la Habana Vieja. Estuvo bajo arresto tres horas.

Odalina Guerrero Lara, asesora de la Jurídica APLP, el 26 de enero fue citada oficialmente para la estación policial dela barriada de Calabazar, municipio Boyeros. Interrogada en un primer momento por un oficial de la PNR acerca de una supuesta ilegalidad domiciliaria, le achacaban encontrarse en condición de arrendataria ilegal en su lugar de residencia. Luego se hicieron presentes dos oficiales de la Policía Política, quienes tras mencionar su estadía en Ginebra (Palacio de las Naciones) y el informe de la APLP al EPU, le amenazaron con apresarla y desaparecerla, al mismo tiempo que le dijeron que su título de abogada había sido anulado.

Directiva de la APLP, la periodista Miriam Herrero Calvo fue citada oficialmente el 29 de enero a la estación policial de la barriada de Regla, municipio de igual nombre. Interrogada unas dos horas por dos oficiales de la Policía Política que refirieron llamarse Jorge y Ernesto. Los oficiales quisieron conocer sobre sus funciones dentro de la APLP.


Prohibido salir del país

"Visitado" en horas del mediodía del 1 de febrero por dos agentes de la Policía Política en el Hogar Clínica San Rafael (centro asistencial de la Iglesia Católica), sitio donde el periodista recibe ayuda alimentaria a sus 74 años, el periodista de Primavera Digital y CubaNet, Jorge Luis González, fue conminado a dejar de escribir para ese medio, alegando que le daban ese tratamiento teniendo en cuenta su edad.

Raúl Velásquez Valdés, periodista director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)- el 1 de febrero, cuando asistía a una actividad relacionada con su profesión en la barriada El Calero, municipio Hermanos Cruz, Pinar del Río, fue arrestado por agentes de la Policía Política y conducido a una estación policial de la ciudad de Pinar del Río. Allí fue mantenido bajo arresto 24 horas.

Yordán Blanco Hernández, periodista, editor del ICLEP, el 1 de febrero asistía a una actividad relacionada con su profesión en la barriada El Calero, municipio Hermanos Cruz, Pinar del Río, cuando fue arrestado por agentes de la Policía Política. Conducido a una estación policial de la ciudad de Pinar del río, lo mantuvieron en un calabozo por 23 horas.

Directivos de la APLP, Amarilis Cortina Rey y José Antonio Fornaris Ramos, el 12 de febrero recibieron una citación oficial a la estación policial de la localidad de Managua, municipio Arroyo Naranjo, su lugar de residencia. El oficial actuante del Ministerio del Interior dijo que existía una acusación de Divulgación de Noticia Falsa (este es un delito contra la Seguridad del Estado). El propio oficial aseguró que tanto sus jefes como él entendían que no existían elementos para tipificar ese delito, y por lo tanto ahí terminaba el caso.

Impedido de viajar a Trinidad y Tobago, donde recibiría un taller sobre periodismo a impartir por el Instituto de Reporteros para la Guerra y la Paz (IWPR), Cesar Augusto San Martín, periodista de CubaNet, se encontraba en el aeropuerto internacional José Martí en La Habana cuando los agentes de aduana alegaron cumplir órdenes. El incidente ocurrió el 17 de febrero.

Al periodista Moisés Leonardo Rodríguez, colaborador de Radio Martí, el 20 de febrero le fue allanada sur residencia situada en Cabañas provincia de Artemisa. Le confiscaron sus herramientas de trabajo y fue mantenido bajo arresto por más de 24 horas en una estación policial de la ciudad de Artemisa, acusado de presunta Clandestinidad de Impreso.

Periodista colaborador de las emisoras Radio Martí y Radio República, a Mario Echeverría Driggs. el 23 de febrero la Policía Política le impidió salir de su vivienda, ubicada cerca del Capitolio Nacional, donde estaría el general Raúl Castro estaría el siguiente día (24 de febrero).

A José Antonio Fornaris Ramos, Julio Cesar Álvarez López, Amarilis Cortina Rey y Miriam Herrera Calvo, directivos de APLP, se les impidió también el 24 de febrero viajar a Trinidad y Tobago donde intercambiarían asuntos de trabajo con integrantes del Instituto de Reporteros para la Guerra y la Paz (IWPR). En el aeropuerto José Martí, un mayor uniformado del Ministerio del Interior, les solicitó que lo acompañaran a una oficina de la propia terminal dos, donde en compañía de otras dos personas, les dijo que tenían restricción de salida del país, que desconocía los motivos de la medida, que él solo cumplía órdenes.

Estos son los casos que la Asociación Pro Libertad de Prensa ha podido documentar. Estamos convencidos de la existencia de varios más.

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