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Multinacional retira cargos por difamación contra dos periodistas dominicanos

(IPI/IFEX) - Viena, 26 de noviembre de 2012 - El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) supo, gracias a fuentes locales, que la empresa multinacional canadiense de ropa de vestir Gildan retiró la semana pasada los cargos por difamación e injuria contra dos periodistas de investigación dominicanos.

Luego de negociar por más de 12 horas, los abogados de Gildan prometieron que levantarían los cargos a cambio de una disculpa pública por parte de Genris García y Robert Vargas, periodistas de vigilanteinformativo.com y ciudadoriental.org, respectivamente, en la cual declararían que no poseían pruebas que señalaran que la multinacional estuviese involucrada en un presunto intento de asesinato del periodista Diego Tórres en julio de 2012. La declaración, publicada el 21 de noviembre, también debía incluir una disculpa por cualquier "imprecisión".

García confirmó al IPI que los cargos se retiraron y dijo que en el artículo en cuestión, "¿Quién mandó a matarlo?; PN investiga atentado contra Diego Tórres", no había ninguna acusación contra Gildan; sólo se reportaba que Tórres estaba cubriendo un caso sobre presunta contaminación ambiental por parte de una fábrica de Gildan en Bella Vista de Guerra cuando sucedió el tiroteo. El artículo también hace referencia a las sospechas que tienen los lugareños sobre Gildan; "esa gente matan", dijo uno de los lugareños, refiriéndose a la empresa con sede en Montreal, Canadá.

Durante la conversación con el IPI, García cuestionó la decisión de la empresa de llevar sus quejas a instancias legales, lo cual podría haber llevado al encarcelamiento de ambos periodistas, en lugar de publicar una declaración negando lo que la empresa percibió como una acusación en su contra. García agregó que "el papel de un periodista no es causar daños al honor y al buen nombre de alguien sino incentivar el debate y promover la transparencia."

A pesar de varios intentos de contactar la sede corporativa de Gildan, el IPI no pudo hablar con ningún representante que pudiese declarar sobre este caso.

"Este litigio parece ser un inquietante intento de una gigante multinacional para silenciar el trabajo de dos respetados periodistas de investigación. El IPI está liderando una campaña para derogar las leyes que penalizan la difamación en el Caribe precisamente por el efecto negativo que tienen en la libertad de prensa", dijo Anthony Mills, subdirector del IPI.

Los cargos se retiraron una semana después de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la República Dominicana declarase su intención de modificar el Código Penal dominicano para derogar las leyes que penalizan la difamación y la injuria, gracias a los esfuerzos realizados por el IPI y otros grupos de prensa.

El IPI visitó la República Dominicana en junio de este año como parte de su campaña en el Caribe y publicó en octubre un informe final sobre sus hallazgos.

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