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Comité Mundial de Libertad de Prensa urge al presidente despenalizar las leyes de difamación; periodista Freddy Aponte liberado de prisión

(WPFC/IFEX) - Lo que sigue es una carta de WPFC al Presidente Rafael Correa Delgado, con fecha del 23 de marzo de 2009:

Su Excelencia Rafael Correa Delgado
Presidente de la República
Palacio Presidencial
Quito, Ecuador

Excelencia,

El Comité Mundial de Libertad de Prensa ( http://www.wpfc.org ) - una organización que representa a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo - expresa su profundo rechazo al acoso judicial del que son objeto dos periodistas: Milton Nelson Chacaguasay Flores, actualmente en prisión cumpliendo una sentencia de 10 meses, y Freddy Aponte Aponte, quien fue liberado de prisión el 28 de enero tras cumplir tres de los seis meses de su sentencia.

Ambos periodistas han sido víctimas del exorbitante castigo que las leyes de difamación penal ecuatorianas aplican a supuestos crímenes de opinión y a periodistas injustamente acosados por cumplir con su obligación de informar al público. A resultas de ello, cualquier periodista ecuatoriano se arriesga a ser tratado como un criminal más por el mero hecho de ejercer su profesión. La existencia de estas leyes que cuelgan una espada de Damocles sobre la libertad de prensa ecuatoriana rechaza de plano el espíritu y la letra de tratados internacionales de los cuales su país es signatario.

El Sr. Chacaguasay, director y periodista del Semanario La Verdad, está cumpliendo una condena de 10 meses en presión en el Centro de Detención Provisional de Quito como parte de una sentencia condenatoria de injurias calumniosas interpuesto por el juez Silvio Castillo. Los cargos surgen de un artículo publicado por La Verdad y pagado por terceros en el que se le acusa al juez Castillo de enriquecimiento ilícito.

El Sr. Aponte, reportero de la estación Radio Luz y Vida, fue condenado a seis meses de prisión, de los cuales cumplió tres antes de ser liberado, a resultas de una querella por "agresión verbal" interpuesta por el ex alcalde de la ciudad de Loja, José Bolívar Castillo, quien se dio por aludido durante una entrevista en la que supuestamente se le acusó de "ladrón". Pese a que no hay pruebas de que tal palabra se usara en dicha entrevista, y a que el periodista fue absuelto en primera instancia, Aponte eventualmente fue tratado como un criminal más y enviado a la cárcel.

En ambos casos, los condenados insisten en que son víctimas de la venganza de funcionarios públicos a quienes la labor informativa de los periodistas les pareció demasiado incómoda.

Cualquiera que sea la razón, el hecho de que los periodistas ecuatorianos se jueguen su libertad por cumplir con su obligación profesional, atenta contra los postulados básicos de libertad de prensa consagrados en el Artículo 18 de la Constitución ecuatoriana, como sigue: "Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa".

Asimismo, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole".

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyan el concepto de que los funcionarios públicos deben esperar más, y no menos, escrutinio y críticas del resto de la sociedad. Esta aceptación, con más disposición que cualquier ciudadano normal de ser blanco de los dardos de la crítica de la prensa, también implica que los funcionarios públicos deben cuidarse del uso de estas nefarias leyes de difamación penal para silenciar las críticas dirigidas a ellos.

Igualmente, ambos organismos interamericanos defienden que las leyes de difamación deben pertenecer al ámbito civil, no al penal, ya que los castigos impuestos por éste por supuestos delitos de opinión son exagerados y constituyen un indebido obstáculo a la libre circulación de ideas y al concepto de libertad de prensa.

Los encarcelamientos de los Sres. Chacaguasay y Aponte dejan claro al resto de los periodistas ecuatorianos que dicha espada de Damocles no es sólo una amenaza sino una potente arma contra la libertad de prensa en su país. Sin una prensa libre e independiente, los funcionarios públicos y los ejecutivos corporativos no pueden mantenerse responsables ante el resto de la sociedad. Sin este ingrediente esencial, la transparencia y la gobernabilidad se hacen imposibles de alcanzar.

Por tanto, Excelencia, nuestro Comité le urge a tomar las necesarias medias legislativas para poner en marcha un proceso de despenalización de las leyes de difamación, calumnias e injurias que permita al periodismo ecuatoriano cumplir con su cometido libremente y sin obstáculos antidemocráticos.

Respetuosamente,
E. Markham Bench
Director Ejecutivo
Comité Mundial de Libertad de Prensa

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